La intervención del puerto bajo la lupa: encontraron residuos peligrosos y el taller estaba activo

La inspección ambiental realizada en el Puerto de Ushuaia, con autorización de la Justicia provincial y acompañamiento de la Prefectura Naval Argentina, permitió constatar la presencia de residuos peligrosos en las instalaciones portuarias. Además, se detectaron indicios de que el taller continuaba funcionando, pese a que desde la intervención se había informado que no estaba activo.

Así lo confirmó Lisi Cristófano, secretaria legal del Ministerio de Producción y Ambiente, en diálogo con FM del Pueblo, donde explicó los motivos que llevaron a la Provincia a recurrir a la Justicia ante las reiteradas dificultades para ingresar al puerto y realizar las tareas de fiscalización.

La funcionaria señaló que el conflicto se profundizó luego de que las autoridades de la intervención comunicaran que no había residuos peligrosos en el lugar y que el taller no se encontraba operativo. Esa información, según explicó, contradecía los registros que tenía la Dirección Provincial de Puertos, en los que se había informado previamente sobre la existencia de materiales peligrosos pendientes de retiro.

“Lo que nos encontramos es que sí, que efectivamente había” residuos peligrosos, sostuvo Cristófano, quien aclaró que el resultado definitivo de la inspección y los requerimientos correspondientes deben ser determinados por las áreas técnicas competentes.

La preocupación por los residuos peligrosos

Cristófano explicó que los materiales encontrados corresponden a residuos habituales en la actividad portuaria, pero que requieren un tratamiento específico y no pueden ser descartados como basura común.

Entre los elementos mencionados se encuentran aceites minerales usados, mezclas de hidrocarburos, pinturas, solventes y materiales que pudieron haber estado en contacto con sustancias contaminantes, como trapos u otros sólidos.

La secretaria legal aclaró que la peligrosidad de estos residuos no significa que exista necesariamente una emergencia inmediata, sino que deben ser separados, transportados y procesados por empresas habilitadas para ese fin.

En ese sentido, advirtió que una clasificación incorrecta podría provocar que estos materiales terminen en el relleno sanitario municipal, sin recibir el tratamiento que corresponde. Por eso, remarcó que el control provincial resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

Las reiteradas negativas y la intervención judicial

Según relató la funcionaria, la Secretaría de Ambiente venía realizando presentaciones y comunicaciones para poder ingresar al puerto. La situación llegó a un punto crítico cuando, el 18 de octubre, recibió una respuesta en la que se aseguraba que no había residuos peligrosos y que el taller no estaba funcionando.

Ante esa contradicción con los antecedentes disponibles, la Secretaría informó a la Fiscalía de Estado y a la Justicia sobre los riesgos que implicaba no poder verificar qué había ocurrido con los materiales previamente declarados.

Cristófano explicó que la Fiscalía de Estado presentó una denuncia penal y se constituyó como querellante, mientras que la Secretaría de Ambiente aportó información sobre la imposibilidad de ingresar a las instalaciones para ejercer sus facultades de control.

Finalmente, la Justicia autorizó el ingreso de los inspectores con acompañamiento de la fuerza pública. Durante el procedimiento, la Prefectura permitió el acceso y también estuvieron presentes autoridades de la intervención portuaria.

La funcionaria indicó que la negativa inicial había provenido de las autoridades de la intervención, mientras que Prefectura había actuado siguiendo sus indicaciones. Una vez notificada de la medida judicial, la fuerza acompañó el ingreso del personal provincial.

La Provincia reclama mantener sus competencias ambientales

Uno de los puntos centrales planteados por Cristófano fue la necesidad de garantizar que Tierra del Fuego pueda ejercer sus atribuciones en materia ambiental, independientemente de las discusiones jurídicas sobre la intervención del puerto.

La funcionaria sostuvo que el sistema de gestión de residuos peligrosos involucra distintos actores: quienes los generan, los transportistas habilitados y las empresas encargadas de su tratamiento. La Provincia, explicó, mantiene controles sobre los generadores y transportistas, pero la imposibilidad de ingresar al puerto había limitado la fiscalización directa sobre el lugar donde se originaban esos residuos.

“Lo que nosotros logramos es robustecer la postura que venimos sosteniendo de que quien es competente respecto de esta materia es la Provincia”, afirmó.

También señaló que la medida judicial permitió priorizar la protección ambiental frente a las discusiones sobre las competencias de las distintas jurisdicciones.

“Lo principal es, bueno, vayan a controlar la parte de los residuos”, resumió al referirse al criterio que, a su entender, prevaleció en la decisión judicial.

Buscan que los controles continúen

Consultada sobre si la autorización judicial permitirá realizar inspecciones de manera permanente, Cristófano aclaró que la medida correspondió a esta oportunidad en particular. Sin embargo, expresó su expectativa de que, a partir de lo sucedido, se habiliten controles más frecuentes sin necesidad de recurrir nuevamente a la Justicia ante cada intento de fiscalización.

La funcionaria insistió en que el objetivo de la Secretaría de Ambiente es verificar el manejo de los residuos, determinar si reciben el tratamiento correspondiente y asegurar que se cumpla la normativa vigente.

La inspección representa un nuevo capítulo en el conflicto por el control del Puerto de Ushuaia, donde la Provincia busca garantizar el ejercicio de sus competencias ambientales durante la intervención. Ahora, las áreas técnicas deberán evaluar los resultados del procedimiento y establecer los requerimientos que correspondan a partir de lo constatado.