“No es solamente un ataque a una compañera”: crece el rechazo dentro del INTA

La exoneración de la investigadora Virginia Aparicio generó un fuerte rechazo entre trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Gisela Franceschi, delegada del organismo en la región pampeana y trabajadora del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) Pampeano, manifestó su preocupación por la decisión y sostuvo que se trata de una medida que excede la situación individual de la científica.

En diálogo con Rulo Quiroga por FM Del Pueblo, Franceschi aseguró que la resolución fue recibida “con mucho enojo” y explicó que, durante los últimos meses, los resultados del estudio SPRINT cobraron relevancia por sus hallazgos sobre la presencia de agrotóxicos en distintos ámbitos de producción y su posible impacto sobre la salud humana y el ambiente.

“Es muy grave porque es una persecución que viene de largo y que busca ser ejemplificadora, disciplinar a los trabajadores, a los investigadores para que no investiguen temas que afectan intereses de los grandes productores y de los exportadores”, afirmó.

La delegada consideró que la expulsión de Aparicio constituye un antecedente preocupante para la comunidad científica, debido a que podría generar temor entre quienes desarrollan investigaciones sobre cuestiones que involucran intereses económicos de sectores concentrados.

El estudio SPRINT y la presencia de agrotóxicos

Franceschi explicó que la investigación que generó controversia forma parte del estudio SPRINT, un proyecto desarrollado en distintos puntos del planeta con financiamiento de la Unión Europea. Según indicó, los resultados permitieron detectar la presencia de múltiples agrotóxicos en las muestras analizadas.

La referente del INTA remarcó que la exposición a estas sustancias no se limita a quienes trabajan directamente en el campo, sino que también puede alcanzar a productores, trabajadores rurales y consumidores, a través de distintos componentes del ambiente y de la cadena alimentaria.

En ese sentido, cuestionó que, en lugar de fortalecer las investigaciones y profundizar los estudios sobre los riesgos, se haya avanzado con la exoneración de una de las científicas involucradas.

“Por más de que acá se ataque la investigación, esto es un estudio que se viene haciendo con financiamiento de la Unión Europea, que se realiza en distintos puntos del planeta”, señaló.

Durante la entrevista, Rulo Quiroga también recordó la clasificación del glifosato por parte de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que lo ubicó como probablemente cancerígeno para los seres humanos. El tema volvió a poner en discusión los controles sobre el uso de agroquímicos y las consecuencias que la exposición a estas sustancias puede tener sobre la salud.

Franceschi sostuvo que los hallazgos del estudio no se limitaron al glifosato, sino que también se detectaron otros agrotóxicos en las muestras examinadas. Por ese motivo, reclamó que las autoridades tomen medidas para restringir su aplicación y garantizar mayores controles.

“Este Gobierno viene a defender intereses muy claros”

La delegada también vinculó la situación con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia. Según su análisis, existe un proceso de intervención sobre las áreas de investigación que afecta especialmente a los equipos dedicados a la agroecología, la agricultura familiar y las problemáticas ambientales.

“Desgraciadamente, sí tiene un componente político, porque el Gobierno de Milei desde que llegó está interviniendo, politizando todo lo que es la investigación y censurando investigaciones que se venían haciendo o trabajos que se venían haciendo en el INTA”, manifestó.

Franceschi señaló, además, que el Consejo Directivo del organismo cuenta con una fuerte presencia de entidades vinculadas al sector agropecuario y consideró que existen intereses económicos en disputa alrededor del uso de agroquímicos y de los modelos de producción.

“Este Gobierno viene a defender intereses muy claros, que son los del poder económico concentrado. Todos estos agrotóxicos los producen grandes empresas multinacionales y también facilitan maximizar las ganancias de los grandes exportadores de cereales”, expresó.

No obstante, aclaró que la denuncia contra Aparicio se inició en 2023, durante la gestión nacional anterior, aunque cuestionó que el procedimiento haya culminado ahora con su exoneración.

El reclamo por una producción que priorice la salud

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de avanzar hacia modelos productivos que reduzcan la dependencia de los agrotóxicos y contemplen los riesgos para la población.

Franceschi afirmó que el uso de estas sustancias debe estar sujeto a regulaciones estrictas y que existen alternativas de producción que permiten avanzar hacia prácticas menos dependientes de productos químicos.

“Hay otras formas de producir sin estos agrotóxicos y deberían estar regulados para que no afecten a la población, que su aplicación sea lo más restringida posible”, sostuvo.

En esa línea, consideró que el Estado debería desarrollar políticas públicas orientadas a proteger la salud de las personas, promover prácticas productivas sustentables y garantizar que las investigaciones científicas puedan desarrollarse sin condicionamientos.

La discusión adquiere especial relevancia en Tierra del Fuego, donde una parte importante de los productos alimenticios que se consumen proviene de otras regiones del país. Durante la conversación, Quiroga remarcó la importancia de generar conciencia sobre el origen de los alimentos y los controles a los que son sometidos.

El planteo puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, mejorar la información disponible para los consumidores y sostener el trabajo de los equipos científicos que investigan los efectos de las prácticas productivas sobre el ambiente y la salud.

Los trabajadores del INTA analizan medidas

Finalmente, Franceschi confirmó que los trabajadores y los gremios del organismo se encuentran evaluando cómo responder a la exoneración de Aparicio.

Si bien indicó que todavía no se habían definido todas las acciones, anticipó que podrían avanzar tanto con medidas gremiales como por la vía judicial.

“Esto ha movilizado mucho porque no es solamente que atacan a una compañera, sino que es una medida ejemplificadora y que condiciona a todos los que hacemos ciencia en el país”, advirtió.

La delegada insistió en que el caso representa un problema para el conjunto del sistema científico, ya que, a su entender, la sanción contra una investigadora puede funcionar como una advertencia para otros equipos que trabajan sobre temas sensibles para determinados sectores económicos.

El conflicto vuelve a poner en discusión el rol del INTA, la autonomía de la investigación científica y la responsabilidad del Estado en la promoción de estudios que permitan conocer los efectos de los modelos productivos sobre la sociedad.

Para Franceschi, la respuesta no debería ser perseguir a quienes investigan, sino garantizar que la ciencia cuente con los recursos y la libertad necesarios para aportar información, prevenir riesgos y contribuir a la protección de la salud pública.