Río Grande intimó por carta documento a funcionarios provinciales por una deuda de coparticipación superior a los $17.294 millones

La Municipalidad de Río Grande profundizó su reclamo al Gobierno provincial por las demoras en el envío de fondos de coparticipación y decidió avanzar con medidas legales para exigir la regularización de los recursos que le corresponden a la ciudad.

La decisión quedó formalizada mediante dos cartas documento enviadas el pasado 30 de octubre a la contadora general de Tierra del Fuego, Yesica Solange Flecha, y a la tesorera provincial, Romina Rouco. A través de las notificaciones, el Municipio intimó a ambas funcionarias a adoptar las medidas necesarias para normalizar las transferencias pendientes.

Según la documentación municipal, la deuda acumulada al 30 de septiembre asciende a $17.294.814.520, una cifra que comprende conceptos de coparticipación, regalías y fondos correspondientes al Bono de Compensación.

Desde el Ejecutivo municipal sostienen que la situación financiera se ve comprometida por las demoras reiteradas en la remisión de recursos, que resultan fundamentales para afrontar obligaciones presupuestarias, garantizar la prestación de servicios públicos y sostener el funcionamiento de la administración local.

Uno de los puntos centrales del planteo es que las demoras no serían situaciones aisladas. De acuerdo con la presentación, el Municipio realizó un cotejo entre los decretos provinciales y las transferencias bancarias, mediante el cual habría podido acreditar que determinados fondos fueron girados después de las fechas en las que correspondía efectuar los pagos.

La presentación también pone el foco en el carácter constitucional y legal de la coparticipación. Desde Río Grande remarcan que estos recursos no constituyen una asistencia discrecional del Gobierno provincial, sino fondos que corresponden legítimamente a los municipios y cuya transferencia debe realizarse conforme a las obligaciones establecidas por la normativa vigente.

En ese sentido, las cartas documento invocan el artículo 135 de la Constitución provincial y advierten que la falta de remisión oportuna de los fondos puede afectar directamente la autonomía económica y financiera de la Municipalidad.

Además de exigir la regularización de la deuda, el Municipio reclamó información detallada sobre las liquidaciones realizadas, los pagos efectuados y los fundamentos legales de cualquier retención, descuento, compensación o postergación de las transferencias.

Las funcionarias intimadas cuentan con un plazo de 48 horas desde la recepción de las notificaciones para adoptar las medidas correspondientes.

La advertencia municipal contempla un posible escenario judicial si no se producen respuestas concretas. Entre las alternativas mencionadas se encuentran recurrir a la Justicia, solicitar la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia y presentar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investiguen eventuales responsabilidades administrativas y penales.

De esta manera, el conflicto por los fondos de coparticipación suma un nuevo capítulo y escala desde el reclamo político e institucional hacia una instancia formal de intimación legal.

Con una deuda que supera los $17.294 millones, Río Grande exige que la Provincia regularice las transferencias y brinde explicaciones sobre las demoras registradas. La disputa vuelve a poner en el centro de la discusión la distribución de los recursos públicos, la autonomía financiera de los municipios y las responsabilidades de los funcionarios encargados de administrar los fondos provinciales.