Guillermo Worman: “El puerto de la provincia ha sido saqueado”

En diálogo con FM Del Pueblo, Worman explicó que el viernes recibió la notificación del fallo judicial y destacó que se trata de la primera condena vinculada con este conflicto. “Los condenan a algo que debiera ser una cuestión natural, una obviedad, que es que la información pública sea pública”, manifestó.

El abogado recordó que el pedido de información fue presentado en marzo y que, ante la falta de respuestas, en junio impulsaron un recurso de amparo. La presentación buscaba acceder a documentación vinculada con el funcionamiento administrativo y económico del puerto, que continúa bajo intervención nacional.

Según detalló, entre la información que se entregó hasta el momento figuran datos parciales sobre las contrataciones realizadas, la recaudación y los gastos. También mencionó documentación relacionada con personas que habrían solicitado licencias en el puerto y posteriormente desempeñado funciones dentro de la estructura política de la intervención.

Sin embargo, remarcó que la información proporcionada es incompleta y que todavía falta conocer la totalidad de los movimientos administrativos y económicos. Los responsables de la intervención cuentan con un plazo de diez días para apelar la resolución judicial.

Uno de los aspectos que destacó Worman es que el expediente judicial 9518/2026, que anteriormente tenía carácter reservado, ahora puede ser consultado libremente a través de la página web del Poder Judicial. Esto permitirá que cualquier ciudadano o medio de comunicación pueda acceder a las actuaciones.

“El puerto de la provincia ha sido saqueado”

Durante la entrevista, Worman cuestionó con dureza la intervención dispuesta por el Gobierno nacional y sostuvo que la situación del Puerto de Ushuaia es mucho más grave que otras controversias vinculadas con las políticas de la administración de Javier Milei.

“Acá hay un hecho raro: ellos, por la fuerza, porque fue por la fuerza, tomaron, se apoderaron del puerto provincial y de los fondos provinciales”, afirmó.

En ese sentido, diferenció la discusión sobre el financiamiento de las universidades nacionales o las políticas de discapacidad de lo que sucede en Tierra del Fuego. Explicó que, mientras en esos casos se discute la asignación de recursos nacionales para programas nacionales, en Ushuaia están involucrados fondos que pertenecen a la provincia.

“La provincia de Tierra del Fuego fue saqueada por el Gobierno nacional en términos de que se apropiaron del puerto de Ushuaia y de todos sus fondos”, expresó.

Asimismo, cuestionó el mecanismo utilizado para avanzar con la intervención y sostuvo que se trata de una medida que afecta directamente las facultades institucionales de la provincia.

“Acá inventaron una figura que no existe, con una resolución menor se quedaron con un puerto de una provincia. Esto es llevarse puesta la autonomía provincial”, señaló.

Worman también advirtió que existen múltiples presentaciones judiciales relacionadas con el funcionamiento de la intervención. Mencionó una nueva denuncia penal por presuntamente impedir el trabajo de inspectores ambientales y un recurso de amparo impulsado por el Tribunal de Cuentas de la provincia contra la intervención.

Además, indicó que existen tres causas en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y manifestó que esperan un pronunciamiento sobre la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Cuestionamientos a los tiempos de la Justicia Federal

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el tiempo que demandó la resolución del recurso de amparo. Consultado por Rulo Quiroga sobre el desempeño del juez federal Federico Calvete, Worman reconoció que los plazos fueron excesivamente prolongados.

“Objetivamente, el juez Federico Calvete ha sido extremadamente dilatado en los tiempos”, sostuvo.

En ese contexto, coincidió con la observación del conductor respecto del contraste entre la actuación del magistrado federal y la del juez provincial de instrucción Sergio Pepe, quien intervino rápidamente ante una denuncia vinculada con el puerto y ordenó un procedimiento judicial para realizar una inspección en las instalaciones.

Para Worman, la actuación del juez provincial dejó en evidencia diferencias en los tiempos de respuesta de ambos magistrados y pudo haber incidido en que finalmente se avanzara con una resolución en el ámbito federal.

De todos modos, consideró que el fallo de Calvete está correctamente fundamentado, aunque entendió que podría haberse dictado dos meses antes.

Finalmente, Worman aseguró que continuará siguiendo el expediente y que pondrá a disposición de los medios de comunicación la documentación cuando sea entregada en su totalidad.

La resolución judicial representa un avance en el reclamo por el acceso a la información pública sobre la administración del Puerto de Ushuaia. No obstante, todavía resta conocer la totalidad de los datos solicitados y que la Justicia se pronuncie sobre los cuestionamientos de fondo respecto de la legalidad de la intervención nacional.