Lapadula cruzó a Melella por la crisis educativa: “Hace siete años que gobierna y tiene que hacerse cargo”

El debate por el proyecto de Financiamiento Integral del Sistema Educativo volvió a exponer fuertes diferencias políticas entre el Gobierno provincial y los legisladores. Durante la sexta sesión ordinaria, Matías Lapadula apuntó directamente contra el gobernador Gustavo Melella y sostuvo que, después de siete años de gestión, el Ejecutivo debe asumir su responsabilidad por la situación de la educación fueguina.

“Hace siete años está gobernando Gustavo Melella”, remarcó el legislador, quien reconoció el impacto de las políticas nacionales y la eliminación de programas educativos, pero consideró que esos factores no pueden utilizarse para justificar las dificultades que atraviesa el sistema provincial.

Lapadula cuestionó que el Gobierno intente trasladar a la Legislatura la responsabilidad de resolver la crisis educativa mediante la aprobación de nuevos mecanismos de recaudación. En ese sentido, reclamó explicaciones sobre el destino de los fondos que ya administra el Ejecutivo.

También puso en discusión la participación del Gobernador durante el tratamiento de la iniciativa. Señaló que el proyecto fue firmado por la vicegobernadora, debido a que Melella se encontraba fuera de la provincia, y cuestionó que tampoco estuviera presente en las tres oportunidades anteriores en las que se debatió el tema en el recinto.

“Entonces, no sé cuánto le importa”, expresó.

“Hay una bolsa rota”

Uno de los principales cuestionamientos del legislador estuvo relacionado con la administración del presupuesto educativo. Lapadula sostuvo que antes de incorporar nuevos recursos es necesario conocer cómo se utilizan los fondos existentes y por qué no se traducen en mejores condiciones para las escuelas y los trabajadores.

Para respaldar su postura, tomó como referencia el proyecto de Presupuesto 2027, que contempla aproximadamente 538.000 millones de pesos para educación, de los cuales 476.000 millones corresponden a salarios.

Además, mencionó los datos aportados por el Ministerio de Educación, que registran 45.302 estudiantes en todos los niveles. A partir de esas cifras, calculó una asignación presupuestaria anual cercana a los 11,88 millones de pesos por alumno.

“Lo que vemos es que hay una bolsa rota”, advirtió, al cuestionar que se pretenda incorporar más dinero sin revisar previamente los mecanismos de administración y ejecución de los recursos.

En esa línea, consideró que la recaudación estimada por el proyecto representa menos del 2% del presupuesto educativo previsto para el próximo año, por lo que puso en duda que pueda resolver los problemas estructurales de infraestructura escolar y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes.

“Estamos poniendo el carro adelante de los caballos”, manifestó.

El impuesto al gas y el impacto en las facturas

Otro de los puntos centrales de su intervención estuvo relacionado con el gravamen del 3,4% sobre la distribución domiciliaria de gas incluido en la iniciativa.

Lapadula advirtió que, más allá de las explicaciones del Gobierno, ese costo terminará trasladándose a los usuarios y tendrá consecuencias directas sobre las economías familiares de Tierra del Fuego.

“Eso se va a trasladar y lo vamos a pagar todos”, afirmó.

El legislador remarcó que el gas constituye un servicio esencial en la provincia y cuestionó que se pretenda financiar parte del sistema educativo mediante una carga que, según su interpretación, terminará repercutiendo en las facturas de los vecinos.

También rechazó que quienes plantean objeciones a ese artículo estén defendiendo intereses corporativos. Aseguró que su preocupación está centrada en el bolsillo de los usuarios y pidió mayores garantías sobre la aplicación del gravamen.

En cuanto al Banco de Tierra del Fuego, diferenció el tratamiento de la carga impositiva y señaló que, si no se traslada a los clientes, podría terminar afectando las utilidades de una entidad que pertenece al Estado provincial.

A favor de la transparencia, pero con controles

Pese a sus cuestionamientos, Lapadula manifestó su disposición a acompañar herramientas de transparencia y mecanismos de seguimiento de los recursos contemplados en la iniciativa.

En particular, se mostró de acuerdo con la creación de un observatorio que permita controlar la ejecución de los fondos y conocer cómo se utilizan los recursos destinados a educación.

Asimismo, defendió el derecho de los trabajadores a reclamar y realizar medidas de fuerza. Si bien aclaró que puede tener diferencias con determinadas decisiones sindicales, rechazó cualquier intento de limitar el derecho a la protesta.

“A mí nadie me venga a correr que no me importa la educación pública”, sostuvo.

Finalmente, el legislador insistió en que la discusión no debe reducirse a quién acompaña o rechaza un proyecto, sino que debe incluir una explicación concreta sobre el manejo de los recursos públicos.

Su planteo dejó un mensaje directo al Ejecutivo provincial: la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la educación pública no comienza en la Legislatura, sino en la administración del Gobierno que conduce Gustavo Melella desde hace siete años.