Un reclamo histórico por la pesca en Malvinas llegó a la Justicia Federal de Río Grande

La Justicia Federal de Río Grande dio un primer paso en una causa de alcance internacional contra empresas vinculadas con la actividad pesquera en las Islas Malvinas. La jueza federal Mariel Borruto reconoció la competencia del juzgado para intervenir en una demanda impulsada por la Fundación Agustina Lerena, que reclama una reparación económica de hasta US$26.465 millones por los presuntos daños derivados de la explotación de los recursos marítimos del Atlántico Sur.

La resolución reconoce tanto la competencia del tribunal como la legitimación de los demandantes para llevar adelante la acción judicial. Sin embargo, la magistrada determinó que el expediente deberá tramitar mediante un proceso ordinario y no bajo la figura de amparo, debido a la complejidad de los planteos y la necesidad de profundizar el análisis de las pruebas.

La presentación fue realizada por la Fundación Agustina Lerena, a través del especialista en materia pesquera César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.

El reclamo apunta contra una red de compañías que desarrollarían actividades pesqueras mediante licencias otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas, sin autorización de las autoridades argentinas.

Un reclamo que supera los 26.000 millones de dólares

Uno de los aspectos más relevantes de la demanda es la magnitud económica del perjuicio reclamado. La presentación calcula daños por una cifra que oscila entre US$12.351 millones y US$26.465 millones, dependiendo de los criterios utilizados para determinar el valor de las capturas realizadas entre 1989 y 2025.

Para establecer esos montos se contemplaron diferentes referencias comerciales, entre ellas los precios FOB y los valores mayoristas, además de intereses, actualización monetaria y costas judiciales.

Los denunciantes sostienen que la explotación de los recursos pesqueros se desarrolla desde hace décadas al margen de las autorizaciones argentinas y de las normas nacionales de conservación y administración de los recursos marítimos.

Por ese motivo, solicitan que las empresas involucradas sean condenadas a reparar los daños ocasionados y que se disponga el cese de las operaciones pesqueras cuestionadas en las aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

El impacto ambiental, en el centro de la presentación

La demanda también pone el foco en las consecuencias ambientales de la actividad pesquera. Según el planteo, las especies capturadas en las aguas próximas a Malvinas forman parte de un ecosistema marino interconectado con la Zona Económica Exclusiva Argentina.

En ese sentido, advierte que las especies migratorias y las cadenas alimentarias marinas hacen que la explotación de los recursos no pueda analizarse de manera aislada, ya que sus consecuencias podrían extenderse a distintos sectores del Atlántico Sur.

La presentación incorpora argumentos basados en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922. También invoca la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estudios técnicos y estadísticas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

Entre los puntos cuestionados aparecen las licencias otorgadas por las autoridades isleñas, algunas de ellas con renovaciones por períodos de hasta 25 años, además de los esquemas societarios que contemplarían una participación mayoritaria de capitales vinculados con las islas.

La acción judicial también incluye a empresas españolas, sociedades mixtas, compañías argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones y distintos actores económicos que integrarían la cadena de explotación, como entidades financieras, bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios.

El fiscal había respaldado el reclamo

Antes de la resolución de Borruto, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendado hacer lugar a la medida cautelar solicitada por los denunciantes.

En su intervención, el representante del Ministerio Público consideró que la actividad denunciada podría generar un daño ambiental profundo, sistémico y, en determinados casos, irreversible.

Sin embargo, la jueza todavía debe resolver el pedido cautelar que busca frenar las operaciones de las flotas pesqueras señaladas. Para avanzar sobre esa cuestión deberá analizar los informes requeridos y los elementos incorporados al expediente.

Río Grande, escenario de una disputa por los recursos del Atlántico Sur

La intervención de la Justicia Federal de Río Grande abre una instancia judicial de relevancia en una controversia que excede ampliamente el ámbito local y se vincula directamente con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el control de los recursos naturales del Atlántico Sur.

La causa busca poner bajo análisis décadas de explotación pesquera en aguas próximas al archipiélago y determinar las eventuales responsabilidades de las empresas involucradas.

Por ahora, la resolución de Mariel Borruto representa un avance procesal: la Justicia Federal reconoció que puede intervenir y que los demandantes están habilitados para continuar con el reclamo. La eventual reparación económica y la posibilidad de detener las operaciones pesqueras denunciadas todavía deberán ser resueltas durante el desarrollo del expediente.