Autofarma: extrabajadores buscan embargar fondos de la Provincia y OSEF por una deuda millonaria

Según las estimaciones mencionadas durante el reclamo, la deuda que Autofarma mantiene con distintos organismos provinciales rondaría los 6 millones de dólares. Sin embargo, hasta el momento no existe una liquidación oficial que permita confirmar ese monto.

El abogado José Luis Álvarez, quien representa a dos extrabajadoras de la cadena, explicó durante una entrevista en el programa Hora 18 que avanzará con presentaciones judiciales para resguardar los créditos que la empresa tendría contra el Estado fueguino. La intención es evitar que esos recursos sean percibidos sin que previamente se garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales con quienes quedaron sin empleo.

El conflicto se profundizó durante 2026, cuando Autofarma comenzó a cerrar sus sucursales en medio de dificultades económicas, problemas para reponer medicamentos y reiterados reclamos por atrasos salariales. En Río Grande, uno de los establecimientos funcionaba en Rosales 444, domicilio que, según indicó el letrado, continúa registrado formalmente ante la Inspección General de Justicia pese a que actualmente permanece cerrado.

Álvarez también cuestionó el comportamiento de los responsables de la firma y recordó que no se habría cumplido con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, instancia que buscaba preservar los puestos laborales y encontrar una salida al conflicto.

Los reclamos tienen antecedentes desde mediados de año. En julio, representantes de Autofarma habían advertido que la deuda con la obra social provincial se acercaba a los 6.000 millones de pesos. La falta de pagos, según habían señalado, comprometía la reposición de medicamentos, el cumplimiento de obligaciones comerciales y la continuidad de la actividad.

La situación terminó afectando directamente a los trabajadores, que denunciaron meses de salarios impagos y quedaron a la espera de una respuesta sobre las indemnizaciones correspondientes tras el cierre de los establecimientos.

Ahora, la estrategia judicial de los extrabajadores apunta a que cualquier dinero que el Gobierno provincial o la OSEF deban transferir a Autofarma pueda quedar sujeto a medidas cautelares para garantizar el pago de las acreencias laborales.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la situación financiera de la obra social estatal y las consecuencias de los atrasos con sus proveedores. La crisis no solamente impacta en el funcionamiento de las farmacias y en la disponibilidad de medicamentos para los afiliados, sino que también genera un efecto sobre las empresas prestadoras y sus trabajadores.

Mientras los exempleados recurren a la Justicia para cobrar lo que consideran que legítimamente les corresponde, todavía resta conocer con precisión cuánto dinero adeudan los organismos provinciales a la empresa, cuáles son las obligaciones pendientes y qué posibilidades existen de recuperar esos fondos.

El conflicto de Autofarma expone así una nueva dimensión de la crisis de OSEF: una deuda millonaria reclamada al Estado, una cadena comercial que dejó de funcionar y trabajadores que debieron acudir a la vía judicial para intentar cobrar sus salarios e indemnizaciones.