La Justicia Argentina ordenó a 12 pesqueras y 7 sociedades mixtas españolas abstenerse de pescar en Malvinas

La Justicia Federal de Río Grande dictó una resolución de fuerte trascendencia en materia de soberanía y protección de los recursos naturales del Atlántico Sur. La titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, Mariel E. Borruto, dispuso una medida cautelar que alcanza a 19 corporaciones pesqueras vinculadas con la explotación de recursos marinos en las aguas que rodean las Islas Malvinas.

El pronunciamiento, contenido en una resolución de 25 fojas, responde a una presentación realizada por la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista en Atlántico Sur y pesca César Augusto Lerena, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Salvador Barcesat. La causa también contó con el acompañamiento del fiscal federal Marcelo Rapoport.

La magistrada ordenó a 12 empresas pesqueras radicadas en España y a siete sociedades mixtas hispano-isleñas abstenerse de realizar actividades de captura, procesamiento a bordo, transbordo y descarga de recursos vivos marinos en el mar territorial y en la Zona Económica Exclusiva argentina en torno a Malvinas.

La prohibición incluye expresamente la posibilidad de iniciar nuevas mareas de pesca o incorporar nuevos buques a las operaciones. La medida permanecerá vigente hasta que las compañías obtengan la correspondiente habilitación de la autoridad argentina, conforme a la Ley Federal de Pesca 24.922, o hasta que el juzgado disponga lo contrario.

Entre las empresas alcanzadas figuran importantes grupos pesqueros de Galicia, como Armadora Nores, Armadora Pereira, Chymar, Copemar, Lafonia Sea Foods, Marfrío, Pescapuerta, Pesmar, Pesquera Moradiña, Pesquera Vaqueiro, Rampesca y WOFCO.

También quedaron comprendidas siete sociedades mixtas que operan en Malvinas mediante asociaciones entre capitales españoles e isleños, entre ellas Orion Fishing Company, South Atlantic Squid, Petrel Fishing Company, Beagle Fishing Company, Kalamar, Polar Seafish y Golden Touza.

Diez días para informar sobre las capturas y las operaciones

Uno de los aspectos centrales del fallo es la intimación a las empresas para que, dentro de un plazo de diez días judiciales, presenten declaraciones juradas acompañadas de documentación respaldatoria sobre sus actividades.

El requerimiento contempla información sobre los buques utilizados, matrículas, números OMI, licencias británicas invocadas, capturas acumuladas desde 2023, especies extraídas, descartes, impacto sobre ejemplares juveniles, sistemas de seguimiento satelital, partes de pesca, puertos de descarga y seguros ambientales.

Además, Borruto dispuso que las compañías preserven íntegramente sus diarios de pesca, registros de captura y documentación de posicionamiento satelital, bajo advertencia de no destruir, ocultar ni alterar pruebas.

La resolución también establece que, si las empresas niegan operar en aguas argentinas o sostienen contar con habilitaciones, deberán demostrarlo documentalmente y bajo juramento. La falta de respuesta o una negativa sin respaldo será valorada en su contra.

El alcance de la decisión sobre las aguas de Malvinas

En los fundamentos, la magistrada sostuvo que la medida comprende los espacios marítimos desde las 12 hasta las 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas, incluyendo la franja costera de las 12 millas correspondiente a la jurisdicción fueguina.

El objetivo es evitar que las embarcaciones puedan eludir la prohibición desplazándose hacia sectores próximos a la costa insular.

La resolución se apoya en los principios de soberanía argentina establecidos en la Constitución Nacional y en las leyes que regulan los espacios marítimos del país.

Por otra parte, el juzgado también avanzó sobre la situación de empresas pesqueras radicadas en Argentina, entre ellas Bricel, Estrella Patagónica, CONARPESA, Iberconsa, Pesquera Santa Cruz, Pesquera Deseado, El Marisco, Pesquera Ceres, PESANTAR, Vieira Argentina y Ulises Castagnaro.

En relación con estas firmas, se solicitaron informes a la Secretaría de Pesca de la Nación y al Consejo Federal Pesquero para determinar si presentaron las declaraciones juradas previstas en el artículo 27 bis de la Ley 24.922, que establece restricciones para los vínculos con buques que operan sin autorización argentina en Malvinas.

También se requirió información sobre posibles sumarios administrativos y la aplicación de las disposiciones legales que contemplan la caducidad de permisos y cuotas pesqueras.

Informes del INIDEP y el impacto sobre los recursos naturales

La presentación judicial incorpora distintos informes técnicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que analizan la actividad de las flotas extranjeras y su impacto sobre las poblaciones de especies que habitan el Atlántico Sur.

Entre los recursos mencionados aparecen el calamar Illex y Loligo, la merluza hubbsi y la merluza negra.

Según los fundamentos de la demanda, las flotas que operan bajo licencias británicas intervienen sobre poblaciones biológicas que forman parte de un mismo ecosistema marino compartido con la plataforma continental argentina.

Desde la Fundación Agustina Lerena sostienen que la explotación pesquera en el área constituye una apropiación de recursos naturales argentinos y advierten sobre las consecuencias ambientales y económicas de la falta de controles directos.

Lerena destacó el pronunciamiento judicial

Tras conocerse la decisión, César Augusto Lerena expresó su reconocimiento a la jueza Mariel Borruto y al fiscal federal Marcelo Rapoport por sus intervenciones en la causa.

El especialista consideró que la resolución representa un antecedente importante para la defensa del interés colectivo y destacó el papel que pueden desempeñar las organizaciones no gubernamentales frente a la explotación de los recursos naturales.

Con esta decisión, el Juzgado Federal de Río Grande abre una nueva instancia judicial en torno a la actividad pesquera en las aguas que rodean las Islas Malvinas.

Mientras las 19 corporaciones alcanzadas deberán cumplir con la orden de abstención y responder los requerimientos judiciales dentro del plazo establecido, también se aguardan los informes de los organismos nacionales sobre la situación de las empresas pesqueras que operan desde territorio argentino.