Juan Vicente: “Si no cuentan con autorización del Estado argentino, tienen que cesar la actividad”

La resolución fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto y representa una intervención judicial sobre la actividad pesquera desarrollada en el Atlántico Sur bajo permisos otorgados por autoridades británicas, cuya legitimidad cuestiona la parte demandante.

En diálogo con Rulo Quiroga, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, doctor Juan Vicente, brindó precisiones sobre el alcance de la decisión y aclaró que el caso tiene características particulares, ya que no se trata de la pesca ilegal realizada por buques extranjeros que ingresan a la Zona Económica Exclusiva argentina, sino de embarcaciones que operan directamente en el espacio marítimo circundante a las Islas Malvinas.

“Estamos hablando de barcos que están buscando en aguas circundantes a las Islas Malvinas y que están dentro del espacio marítimo. Ellos lo hacen bajo la convicción de la autorización de un Estado que no tiene soberanía sobre las islas”, explicó Vicente.

En ese sentido, sostuvo que la medida establece que las empresas deberán cesar la actividad extractiva si no cuentan con la correspondiente autorización del Estado nacional argentino.

Una medida con fundamento ambiental

Uno de los aspectos centrales de la resolución está relacionado con la protección del ambiente marino. Vicente explicó que la demanda fue presentada en el ámbito civil y tiene una naturaleza ambiental, debido al posible impacto que la explotación pesquera podría generar sobre la biodiversidad.

El funcionario judicial señaló que toda actividad extractiva produce consecuencias ambientales y que los Estados autorizan este tipo de operaciones considerando tanto los beneficios económicos como los posibles perjuicios.

Sin embargo, en este caso, al tratarse de una explotación que no cuenta con autorización del Estado argentino, no existiría un beneficio para el país, mientras que sí podría producirse un daño sobre los recursos naturales.

“Al tratarse de una explotación que el Estado nacional no autorizó, no hay beneficio para el Estado Nacional y sí hay un riesgo inminente de provocar un perjuicio en la biodiversidad dentro del Mar Argentino”, manifestó.

Las empresas deberán ser notificadas a través de Cancillería

Otro de los puntos explicados por Juan Vicente tiene que ver con el procedimiento para hacer efectiva la resolución, teniendo en cuenta que muchas de las empresas demandadas tienen domicilio fuera de la Argentina.

En ese sentido, indicó que las comunicaciones deberán realizarse a través de la Cancillería argentina, que tiene a su cargo la representación del Estado nacional ante la comunidad internacional.

Una vez concretadas las notificaciones, las compañías podrán presentarse en el expediente, ejercer su derecho de defensa y ofrecer las pruebas que consideren correspondientes.

Además, se solicitó que las empresas aporten documentación sobre las operaciones realizadas y los antecedentes vinculados con su actividad extractiva en el Atlántico Sur.

Una demanda que denuncia décadas de explotación pesquera

La presentación judicial fue impulsada por la Fundación Agustina Lerena, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat.

Entre los argumentos de la demanda se plantea que durante aproximadamente 35 años se habría desarrollado una explotación pesquera de gran magnitud en aguas circundantes a las Islas Malvinas.

Según las estimaciones presentadas por la fundación, la extracción alcanzaría las 4.101.131 toneladas de productos pesqueros.

También se plantea un cálculo económico sobre las ganancias obtenidas por las empresas y los recursos que, según la parte demandante, no fueron compartidos con la Argentina.

Sin embargo, Vicente aclaró que estos números todavía no fueron acreditados judicialmente y forman parte de los argumentos que deberán ser demostrados durante el proceso.

“Es una cuestión de fondo que todavía no se analizó. Eso tiene que ser probado, es lo que alega quien demanda y hasta ahora no tenemos acreditado”, explicó.

El secretario remarcó que la medida cautelar no representa una sentencia definitiva sobre la totalidad de los planteos, sino una decisión preventiva destinada a evitar que se produzcan daños que posteriormente puedan resultar irreparables.

El objetivo inmediato: frenar la actividad pesquera

Vicente explicó que las medidas cautelares se dictan cuando existen elementos que permiten considerar verosímil el derecho invocado y cuando la demora en resolver el conflicto podría ocasionar un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Por ese motivo, mientras avanza la discusión judicial sobre el fondo de la demanda, la Justicia consideró necesario adoptar una decisión preventiva sobre la continuidad de las actividades extractivas.

En cuanto a los antecedentes, el funcionario indicó que el Juzgado Federal de Río Grande ya había intervenido en otras causas vinculadas con cuestiones pesqueras en la zona, aunque reconoció que esta presentación tiene características particulares y constituye un antecedente específico por sus alcances.

La resolución abre ahora una nueva instancia judicial en torno a la explotación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur y vuelve a poner en el centro de la discusión la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el control de los recursos naturales y la protección ambiental de uno de los espacios marítimos estratégicos del país.