También cuestionó la falta de explicaciones sobre una diferencia cercana a los $6.000 millones entre los recursos percibidos y los gastos devengados al 30 de septiembre, según la ejecución presupuestaria enviada por el propio Municipio. Además, consultó por las deudas con OSEF y la Caja de Previsión Social, cuya existencia fue reconocida por los funcionarios, tratándose de obligaciones que atraviesan derechos sensibles para los trabajadores estatales, como la jubilación y la cobertura ante contingencias sociales.
“La coparticipación es un tema fundamental para Río Grande, pero esa discusión no puede tapar el análisis de cómo se administran los recursos municipales. El Intendente es el principal responsable de lo que hace su gestión, pero también de lo que no hace o deja de hacer”, expresó.
Finalmente, Runin sostuvo que la transparencia no puede estar dirigida solamente a los concejales o a los organismos de control, sino que debe estar al alcance de los vecinos, de toda la comunidad, por lo que solicitó mejorar las herramientas digitales de acceso a la información pública de los recursos municipales.
“Cada vecino tiene derecho a saber cuánto dinero ingresa al Municipio, cuánto se recauda y cómo se utilizan los fondos públicos. Defender los recursos de Río Grande también significa exigir transparencia sobre cómo se administran”, concluyó.