La Cámara Federal confirmó el rechazo al pedido para frenar al buque que abastecería el proyecto Sea Lion en Malvinas

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó el rechazo a la medida cautelar impulsada por la Fundación Argentina Azul contra el Estado Nacional, mediante la cual se pretendía impedir el tránsito del buque mercante M/V Danstar, de bandera chilena, con destino a Puerto Argentino.

La resolución fue firmada el 10 de noviembre por los jueces Javier M. Leal de Ibarra y Aldo E. Suárez, quienes confirmaron el criterio adoptado por el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto.

La organización había solicitado que distintos organismos nacionales, entre ellos los ministerios de Defensa y Seguridad, la Armada, la Fuerza Aérea y la Prefectura Naval, impidieran la navegación de la embarcación por aguas argentinas y su desplazamiento hacia las Islas Malvinas sin la autorización prevista en el Decreto PEN 256/2010.

Según la presentación, las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration habrían contratado al M/V Danstar para establecer una línea regular de abastecimiento entre Punta Arenas, Chile, y Puerto Argentino, destinada a transportar materiales para el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, cuya etapa de perforación estaría prevista para 2027.

La Fundación sostenía que el tránsito de la embarcación podía configurar un supuesto de paso no inocente y cuestionaba, además, la falta de información pública sobre su identificación y los permisos correspondientes.

Sin embargo, la Cámara consideró que la presentación no reunía los requisitos necesarios para habilitar una medida cautelar de semejante alcance. Entre los principales argumentos, señaló que no se había demostrado que el buque efectivamente fuera a cumplir el itinerario denunciado, ni que la autorización exigida por la normativa hubiera sido solicitada y posteriormente denegada.

En ese sentido, los jueces hicieron hincapié en la falta de pruebas concretas y remarcaron que la propia Fundación había solicitado informes para determinar si el permiso correspondiente se encontraba otorgado, rechazado o todavía en trámite.

LOS LÍMITES DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Uno de los aspectos centrales del fallo estuvo relacionado con las atribuciones de los distintos poderes del Estado. La Cámara advirtió que ordenar a las Fuerzas Armadas y de Seguridad impedir la navegación de un buque extranjero podría tener consecuencias de suma gravedad, especialmente por las implicancias diplomáticas y de política exterior que involucra la cuestión Malvinas.

Los magistrados señalaron que en el caso confluyen distintas normas y compromisos internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, que contempla el derecho de navegación expedita y sin obstáculos hacia y desde el Estrecho de Magallanes.

En ese contexto, sostuvieron que el Poder Judicial no puede avanzar sobre decisiones que corresponden al Poder Ejecutivo en materia de relaciones exteriores y defensa nacional, particularmente cuando no existe un sustento fáctico suficiente que justifique una intervención de esas características.

Asimismo, el tribunal recordó que la legitimación de una organización ambientalista o vinculada con la defensa de la soberanía para iniciar una acción judicial no la exime de acreditar los hechos que fundamentan su reclamo.

También indicó que la Fundación contaba con herramientas administrativas para acceder a la información solicitada, entre ellas los mecanismos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, sin que se hubiera demostrado que hubiera recurrido previamente a esas vías.

Finalmente, la Cámara resolvió rechazar la apelación y confirmar la decisión del Juzgado Federal de Río Grande, sin imponer costas en la instancia de alzada.

El pronunciamiento no implica una definición sobre la legalidad del proyecto petrolero Sea Lion ni modifica la posición argentina respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas. La resolución se limita a determinar que no existían elementos probatorios suficientes para ordenar, mediante una medida cautelar, que el Estado Nacional impidiera la navegación del buque denunciado.