Alejandra Arce: "El paso a seguir tiene que ser el paso judicial"

La concejal de Río Grande por Provincia Grande, Alejandra Arce, manifestó su preocupación por la situación financiera que atraviesa el Municipio como consecuencia de las demoras en el envío de fondos de coparticipación por parte del Gobierno provincial. En diálogo con FM del Pueblo, sostuvo que el conflicto requiere una respuesta urgente y consideró que, ante la falta de avances en las negociaciones, la vía judicial aparece como una alternativa cada vez más necesaria.

La edil se refirió al tema luego de la presentación realizada por la Secretaría de Finanzas municipal durante el inicio del debate del Presupuesto 2027 en el Concejo Deliberante, donde se expusieron las dificultades económicas que enfrenta la administración local y las consecuencias de la falta de transferencia de recursos.

En ese sentido, recordó que el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, había señalado que un compromiso asumido durante una reunión anterior para regularizar los pagos tampoco se había cumplido. Según explicó, ni siquiera habían transcurrido diez días hábiles cuando ya se había vuelto a incumplir lo acordado.

«Hoy se vuelve a hacer otra reunión con intentos de manera administrativa para poder acercar a las partes y ver cómo se va modificando esta situación», expresó Arce, aunque puso en duda que las instancias de diálogo puedan resolver el conflicto.

Una situación que ya afecta el funcionamiento municipal

La concejal señaló que desde el Concejo Deliberante se conformó una mesa de trabajo integrada por representantes de los distintos bloques, el Ejecutivo Municipal, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Faltas, con el objetivo de realizar un seguimiento de la situación financiera y evaluar posibles medidas.

Arce advirtió que las dificultades económicas ya no se limitan a una discusión administrativa o presupuestaria, sino que comienzan a repercutir directamente sobre el funcionamiento cotidiano de la ciudad.

Entre los puntos que mencionó se encuentran las dificultades para afrontar los pagos correspondientes al servicio de recolección de residuos, los compromisos vinculados al relleno sanitario y los elevados costos que demanda la potabilización del agua.

También hizo referencia a la preocupación generada entre los trabajadores municipales luego de las declaraciones del secretario de Gobierno respecto de las dificultades para garantizar el pago de los aguinaldos y el premio vacacional.

«Ha generado realmente una preocupación y un revuelo en los ámbitos municipales», sostuvo.

En esa línea, cuestionó que el Concejo se encuentre discutiendo el Presupuesto 2027 mientras todavía existen dificultades para garantizar el cumplimiento de las previsiones presupuestarias del ejercicio actual.

Cuestionamientos al Gobierno provincial por la falta de acompañamiento

Durante la entrevista, Arce también apuntó contra la administración del gobernador Gustavo Melella y cuestionó lo que considera una falta de acompañamiento hacia Río Grande.

La concejal vinculó el conflicto por la coparticipación con otras situaciones que, según planteó, afectan a la ciudad en materia de salud, educación, infraestructura y seguridad.

Uno de los ejemplos que mencionó fue la falta de un convenio de reconocimiento de prestaciones entre la obra social provincial y el sistema de salud municipal.

Al respecto, destacó que Río Grande cuenta con 15 centros de salud y que, según afirmó, después de siete años todavía no se logró establecer un convenio que permita recuperar las inversiones realizadas por el Municipio en la atención de afiliados.

«En el Mamá Margarita podríamos volver en obras, volver en servicios, volver a invertir en los mismos procesos de salud en Río Grande. Y eso no está sucediendo», manifestó.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno provincial avance con acuerdos con otras localidades mientras, desde su perspectiva, no brinda respuestas equivalentes a Río Grande.

En ese contexto, rechazó los planteos sobre transparencia impulsados por otros sectores políticos y sostuvo que también debería evaluarse la falta de obras, de inversión y de acompañamiento provincial hacia la ciudad.

La crisis económica y la pérdida de puestos de trabajo

Arce también relacionó el conflicto institucional con el complejo escenario económico y laboral que atraviesa Río Grande.

En ese sentido, mencionó los recientes despidos en la empresa Mirgor, el cierre de comercios y la salida de distintas empresas de la ciudad. Aseguró que Río Grande perdió más de 10.000 puestos de trabajo y remarcó que la situación social requiere respuestas de todos los niveles del Estado.

«La comunidad de Río Grande es la que más necesita, la que hoy está más golpeada», afirmó.

Consultada sobre los motivos de la falta de respuestas del Gobierno provincial, la concejal consideró que existen decisiones vinculadas a acuerdos políticos que terminan perjudicando a toda la comunidad.

También sostuvo que el intendente Martín Pérez ha intentado distintas instancias de diálogo y consenso, pero entendió que esas herramientas no están alcanzando para resolver el problema.

Arce planteó avanzar judicialmente

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con los próximos pasos que debería adoptar el Municipio ante la falta de regularización de los fondos.

La concejal consideró que las gestiones administrativas ya no resultan suficientes y que es necesario evaluar otras herramientas institucionales para reclamar los recursos que le corresponden a Río Grande.

«Creo que el paso a seguir tiene que ser el paso judicial», afirmó.

Arce explicó que el Municipio ya realizó un reclamo formal mediante una carta documento, pero aseguró que no obtuvo respuestas. Por ese motivo, sostuvo que las autoridades deben continuar avanzando con todas las herramientas disponibles para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

Además, adelantó que existe la posibilidad de realizar una nueva reunión de la mesa de trabajo del Concejo Deliberante durante el próximo lunes, aunque aclaró que todavía no estaba confirmada.

Finalmente, remarcó que los recursos reclamados ya fueron recibidos por el Gobierno provincial, pero que no se habría concretado la correspondiente transferencia a la ciudad.

La concejal insistió en que el conflicto excede una disputa entre administraciones y que sus consecuencias terminan repercutiendo sobre los vecinos, los servicios esenciales y los trabajadores municipales. Por eso, reclamó una solución concreta y advirtió que Río Grande no puede continuar en una situación de incertidumbre financiera.