por Redacción Del Pueblo
La intervención nacional del Puerto de Ushuaia continúa generando preocupación entre los trabajadores, que llevan diez meses reclamando la restitución de la administración provincial y cuestionando las decisiones adoptadas por las autoridades interventoras.
En diálogo con FM Del Pueblo, Valeria Barría, trabajadora del puerto de Ushuaia, manifestó su preocupación ante las versiones que indican que la intervención podría extenderse y advirtió que todavía no existe una resolución clara sobre las distintas acciones judiciales que se encuentran en trámite.
“Ha sido una intervención bastante escandalosa. Plantearon venir a traer transparencia y eficiencia administrativa y portuaria, pero a los hechos nos remitimos: no está sucediendo nada de todo lo que venían a hacer”, afirmó.
Barría sostuvo que, desde su perspectiva, el objetivo de la intervención no fue mejorar el funcionamiento de la terminal, sino quedarse con sus recursos económicos. “Ellos no vinieron a mejorar, a generar transparencia o a arreglar las instalaciones portuarias. Vinieron con un solo objetivo: quedarse con la caja y el recurso más importante que tiene toda la provincia”, expresó.
En ese sentido, denunció que continúan las restricciones para ingresar al puerto y que recientemente tampoco se permitió el acceso a representantes del Ministerio de Trabajo de la provincia, quienes se habían presentado para realizar tareas vinculadas con sus competencias.
La trabajadora recordó que también hubo inconvenientes para el ingreso de personal de las áreas ambientales y otros organismos provinciales encargados de realizar inspecciones y controles. A esto sumó las denuncias por presuntos sobreprecios en licitaciones y otras irregularidades administrativas que se encuentran bajo análisis.
Los trabajadores tienen garantizados los salarios hasta abril
Uno de los puntos más preocupantes planteados por Barría tiene que ver con la situación económica del puerto y la disponibilidad de recursos para afrontar los compromisos salariales.
La trabajadora explicó que, debido al traslado de la recaudación portuaria hacia Buenos Aires por parte de la intervención, la institución perdió disponibilidad sobre esos ingresos y actualmente debe recurrir a los fondos que tenía ahorrados.
“Hace un par de meses ya lo hemos comentado, la fecha límite que tenemos es abril, con el tema de los sueldos garantizados”, señaló.
Al respecto, explicó que esos ahorros estaban destinados originalmente a obras, infraestructura y mejoramiento de las instalaciones portuarias, pero ahora están siendo utilizados para garantizar el pago de los trabajadores.
“Como ANPYN ha llevado la caja de puertos y la recaudación de la provincia a Buenos Aires, esos recursos no están en la provincia y, por ende, el puerto perdió la disponibilidad de plata. Estamos ocupando esos recursos ahorrados para garantizarles los salarios a los trabajadores”, manifestó.
Barría advirtió que el tiempo sigue transcurriendo y que la situación genera cada vez mayor incertidumbre entre los empleados, quienes esperan que se adopte una decisión que permita ponerle fin a la intervención.
Reclamos por las restricciones de ingreso
Otro de los aspectos que destacó fue la situación laboral de los empleados desplazados, quienes todavía no pueden ingresar libremente a la terminal para desarrollar sus tareas habituales o recuperar sus pertenencias personales.
Según explicó, las restricciones continúan vigentes y afectan incluso a trabajadores que tienen funciones establecidas por la estructura administrativa y el convenio colectivo.
“Si hoy nos presentamos a querer recuperar los efectos personales o desarrollar las tareas que por estructura y convenio colectivo tenemos dentro de la terminal del puerto, no se puede porque hay una negativa”, indicó.
También cuestionó los tiempos de la Justicia y consideró que la falta de celeridad en las actuaciones judiciales contribuye a prolongar el conflicto.
“Ya son diez meses transcurridos de una intervención y tenemos un escenario bastante incierto, que no sabemos cuál va a ser ahora previo al 21 de enero”, expresó, en referencia a la fecha en la que se cumple un año de la intervención.
La defensa del puerto como recurso estratégico de la provincia
Durante la entrevista, Barría también reivindicó el papel de los trabajadores de planta permanente en el crecimiento de la terminal portuaria y rechazó los argumentos que justificaron la intervención nacional.
Recordó que desde 1992 el puerto tuvo un crecimiento sostenido en las actividades turísticas, pesqueras y de carga, y remarcó que ese desarrollo fue sostenido por los propios trabajadores de la administración estatal portuaria.
“Si hubiéramos estado tan mal, el puerto no hubiera tenido el crecimiento que tuvo durante todos estos años. Están las estadísticas y los hechos. Siempre fue en crecimiento”, sostuvo.
Además, destacó que Ushuaia cuenta con la única administración estatal portuaria que permanece en el país y consideró que su funcionamiento también representa una garantía de control y fiscalización de las actividades que se desarrollan en la terminal.
Finalmente, Barría puso en valor la organización de los trabajadores y el acompañamiento que vienen sosteniendo durante estos diez meses de conflicto.
“Son 140 personas, trabajadores que estamos todos los días manifestándonos y visibilizando este conflicto. Estoy orgullosa de los compañeros portuarios que tengo, que están defendiendo el puerto, no solamente su puesto de trabajo, sino un recurso muy importante para la provincia”, expresó.
En ese marco, insistió en la necesidad de involucrar a las cámaras de comercio, turismo, representantes políticos y al conjunto de la sociedad fueguina, al considerar que la discusión excede ampliamente el conflicto laboral.
“Esto pareciera que es una provincia aparte. Se convirtió en un puerto de la provincia manejado por el Estado Nacional con sus propias reglas, donde ellos deciden quién pasa, quién no, quién tiene derecho a trabajar y quién no”, concluyó.