por Redacción Del Pueblo
«A raíz de denuncias que recibimos en el Ministerio de Trabajo, se planteó la urgencia de realizar una inspección sobre empresas que están operando en el puerto», explicó. Sin embargo, indicó que las autoridades de la intervención nacional negaron el acceso argumentando cuestiones de jurisdicción, por lo que no fue posible constatar las situaciones denunciadas.
Entre las irregularidades informadas se encuentran presuntos incumplimientos en el manejo de residuos peligrosos, trabajadores que realizarían sus tareas sin los cascos ni los elementos de protección correspondientes, riesgos eléctricos y deficiencias en los procedimientos de manipulación de cargas y operación de maquinaria pesada.
El funcionario hizo especial hincapié en que determinadas actividades requieren personal capacitado y certificado, además de contar con los elementos de seguridad necesarios para evitar accidentes.
«Los riesgos que estaban denunciando eran riesgos graves y teníamos que realizar la intervención a través del área de Seguridad e Higiene», sostuvo.
En relación con las facultades de fiscalización, Ceballos recordó que la Provincia tiene competencias para realizar inspecciones laborales en el marco de la Ley 25.212, correspondiente al Pacto Federal del Trabajo, al que Tierra del Fuego adhirió.
«El Ministerio de Trabajo tiene todas las facultades para realizar las inspecciones, requerir la documentación que sea necesaria para corroborar todo lo que se plantea en las denuncias», afirmó. También remarcó que los controles pueden efectuarse sin previo aviso y que, ante denuncias de esta gravedad, la intervención debe ser inmediata.
Frente a la negativa de ingreso, los inspectores provinciales labraron las actas administrativas correspondientes y solicitaron la intervención de un escribano de Gobierno para dejar constancia de lo ocurrido. Además, el área jurídica del Ministerio se encuentra analizando la documentación para avanzar con las presentaciones judiciales.
Ceballos señaló que algunas de las empresas denunciadas no tendrían su habilitación ni registración correspondiente en la jurisdicción provincial. Por ese motivo, adelantó que deberán regularizar su situación ante el Ministerio de Trabajo y cumplir con toda la normativa laboral vigente.
«Aquí no hay trabajadores ni de primera ni de segunda categoría. Todos los trabajadores tienen que tener su situación regularizada, no solamente en el ámbito laboral, sino también en la parte de seguridad», enfatizó.
Asimismo, cuestionó que la intervención portuaria pueda utilizar argumentos jurisdiccionales para evitar los controles de los organismos provinciales. En ese sentido, recordó el antecedente de la Secretaría de Ambiente, cuando la Justicia intervino para exigir que se permitiera el ingreso de inspectores al puerto.
«No podemos estar esperando a ver si nos autorizan o no nos autorizan», manifestó el secretario, al explicar que el Ministerio continuará con las actuaciones administrativas y judiciales para que se determine el alcance de sus facultades.
Finalmente, Ceballos ratificó que el objetivo es poder ingresar al puerto, verificar las condiciones en las que trabajan los operarios y constatar si las empresas cumplen con las exigencias de seguridad e higiene. Mientras tanto, las denuncias recibidas continúan bajo análisis de las áreas correspondientes.