por Redacción Del Pueblo
La funcionaria explicó que el Gobierno fue notificado de la prórroga de la intervención y se encuentra elaborando nuevas medidas dentro de la estrategia judicial y administrativa que lleva adelante la Provincia. En ese sentido, anticipó que la resolución 69 será incorporada a la causa que tramita ante la Corte Suprema como un hecho nuevo y un agravante de la situación denunciada.
Arroyo cuestionó especialmente los argumentos utilizados por el Gobierno nacional para justificar la intervención, que inicialmente se fundamentó en supuestas deficiencias de infraestructura. Según sostuvo, durante estos diez meses el puerto continuó funcionando con normalidad, recibió las recaladas previstas y no registró incidentes ni accidentes vinculados al estado de sus instalaciones.
En relación con el plan de obras presentado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), la funcionaria señaló que el documento divide los trabajos en obras supuestamente en curso y obras proyectadas. Sin embargo, afirmó que de las nueve intervenciones incluidas en el primer apartado, solamente una se encuentra efectivamente en ejecución desde septiembre: el reemplazo de las defensas del frente del muelle comercial.
Las restantes obras, según detalló, tienen fechas de ejecución previstas entre diciembre de 2026 y diciembre de 2029. Como ejemplo, mencionó que la reparación del sitio 1 está programada para enero de 2027.
«Ninguna está en curso, por lo cual es grave que envíen esta información y que mientan de esta manera en actos administrativos», cuestionó Arroyo, quien consideró especialmente preocupante que esa documentación se utilice como fundamento para mantener intervenido un puerto provincial.
Además, aseguró que buena parte de los trabajos mencionados ya estaban contemplados en la planificación de la Dirección Provincial de Puertos y contaban con expedientes administrativos en trámite, incluidos procesos de licitación y elaboración de pliegos. Por ese motivo, sostuvo que las autoridades nacionales conocían previamente esas actuaciones, ya que habían tenido acceso a la documentación durante las inspecciones realizadas.
«Es bastante paupérrimo técnicamente»: las críticas al plan de obras
Arroyo también cuestionó la calidad técnica de los anexos presentados por Nación y puso en duda que constituyan un verdadero programa de modernización portuaria.
«No es un informe de una agencia que tiene la responsabilidad de inspeccionar todos los puertos de la Argentina, que debería tener un personal técnico y un equipo que pueda desarrollar un plan de obras serio», manifestó.
En esa línea, consideró que la mayoría de los trabajos detallados tienen plazos de ejecución de uno o dos meses y corresponden a intervenciones menores, por lo que no representan una modernización integral del Puerto de Ushuaia.
La funcionaria también puso el foco en las fechas incluidas en la planificación, particularmente aquellas que llegan hasta diciembre de 2028 y 2029, y advirtió que esa proyección genera preocupación sobre la duración que podría alcanzar la intervención nacional.
Reclamos por los fondos y los trabajadores desplazados
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el manejo de los recursos económicos del puerto. Arroyo sostuvo que la intervención desplazó ingresos de la institución y direccionó su administración de una manera que consideró irregular.
Asimismo, indicó que tanto la Dirección Provincial de Puertos como otros organismos remitieron notas a la ANPYN solicitando información sobre los fondos recaudados, su utilización y el destino de los recursos, pero aseguró que no obtuvieron respuestas.
Finalmente, se refirió a la situación de los trabajadores que quedaron afuera de la estructura portuaria por decisión de la intervención. Explicó que el Gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar el pago de sus salarios, aunque reconoció que sostener esa obligación durante un período prolongado podría generar dificultades financieras.
«La solución definitiva es que el puerto vuelva a la administración provincial», concluyó Arroyo, al remarcar que la Provincia continuará con las acciones judiciales y administrativas para revertir la intervención nacional.