El Senado de la Nación aprobó este jueves la nueva Ley de Discapacidad, una iniciativa que busca dejar atrás el régimen de emergencia que vence el próximo 31 de diciembre y establecer un sistema permanente de protección para las personas con discapacidad y sus familias.
La propuesta obtuvo un respaldo unánime, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y ratificó los principales puntos que habían sido incorporados durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, luego de las negociaciones entre el oficialismo y los bloques opositores.
Entre los aspectos centrales de la normativa se encuentra el mantenimiento de las pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad, cuyo monto equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio. También se establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) continuará siendo la principal vía de acceso al beneficio.
Uno de los puntos destacados es la actualización de las prestaciones de acuerdo con la inflación, junto con la continuidad de un nomenclador universal y un arancel unificado para garantizar criterios comunes en todo el país.
Además, la ley mantiene la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal. De esta manera, las personas con discapacidad podrán conservar el beneficio aun cuando accedan a un trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En materia sanitaria, se garantiza el acceso a las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 a través del Programa Incluir Salud. Asimismo, se establecen partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y mecanismos de compensación del Tesoro Nacional cuando los recursos resulten insuficientes.
La normativa también incorpora controles y auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el SINTyS. Las eventuales suspensiones preventivas de beneficios deberán respetar un procedimiento que contemple notificación y posibilidades de rehabilitación provisoria.
Otro aspecto relevante está vinculado con las deudas que el Estado mantenga con los prestadores. La ley establece que, si existen obligaciones pendientes al momento de su sanción, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas en un plazo máximo de 90 días.
Preocupación por la implementación
Durante el debate, distintos senadores advirtieron sobre la necesidad de garantizar los recursos y la capacidad operativa para que la nueva legislación pueda aplicarse efectivamente.
La senadora Alicia Kirchner manifestó su preocupación por la estructura disponible en ANSES para llevar adelante las decisiones administrativas y señaló que actualmente existen 427 centros de atención en todo el país, cuya capacidad podría resultar insuficiente.
Por su parte, la radical Mariana Juri pidió prestar especial atención al Presupuesto 2027 para garantizar las partidas necesarias y advirtió que la aprobación de la ley no debe ser considerada el final del proceso.
También hubo cuestionamientos por las deudas acumuladas con los prestadores y la necesidad de asegurar que las auditorías no se conviertan en un obstáculo para quienes realmente necesitan las prestaciones.
La senadora Patricia Bullrich, en representación del oficialismo, destacó la construcción de un acuerdo político y social, aunque también hizo referencia a la existencia de irregularidades en el sistema.
Con la aprobación del Senado, la nueva Ley de Discapacidad quedó sancionada y ahora dependerá del Poder Ejecutivo su reglamentación y puesta en funcionamiento. El Gobierno conserva la facultad de aplicar vetos parciales o totales, mientras que las organizaciones, beneficiarios y prestadores estarán atentos a que los derechos y compromisos establecidos se traduzcan efectivamente en recursos y prestaciones.