por Redacción Del Pueblo
La intervención del puerto de Ushuaia continúa generando fuertes repercusiones en Tierra del Fuego y sumando voces críticas desde distintos sectores. En esta oportunidad, quien salió con dureza fue Salvador Gaetano, director de Estudios y Proyectos de la Dirección Provincial de Puertos, con más de tres décadas de experiencia en la actividad. En diálogo con FM del Pueblo, no solo desmintió los fundamentos técnicos de la medida, sino que además denunció una avanzada política por parte del Gobierno nacional.
“Esto fue un robo a mano armada. Se apropiaron de algo que no les corresponde y lo hicieron de forma totalmente irregular”, afirmó de manera contundente, marcando desde el inicio su posición sobre lo ocurrido.
Gaetano puso en duda los motivos que derivaron en la intervención del puerto, especialmente los vinculados a supuestas fallas estructurales. Según explicó, los pilotes señalados como deteriorados tienen más de 70 años y forman parte de antiguas obras realizadas por Nación, sin que ello haya implicado riesgos operativos a lo largo del tiempo. “Nunca representaron un peligro real. Si hubiese existido algún riesgo, los organismos de control como Prefectura lo habrían indicado y se habrían tomado medidas, como siempre ocurrió”, aseguró.
En ese sentido, remarcó que el puerto funcionó durante décadas con normalidad, incluso en contextos complejos y con obras en marcha. “El puerto nunca dejó de operar. Siempre se trabajó con responsabilidad, con controles permanentes y resolviendo los problemas a medida que aparecían”, sostuvo.
Uno de los puntos más duros de su análisis estuvo dirigido al informe técnico que justificó la intervención, al que calificó directamente como “infame”. Según detalló, el documento carece de estudios serios y de rigurosidad profesional. “No hay evaluaciones estructurales reales, son apreciaciones superficiales, casi visuales. Es un informe que da vergüenza desde el punto de vista técnico”, disparó.
Además, indicó que varios de los supuestos deterioros señalados correspondían en realidad a trabajos que estaban en ejecución. “Habíamos levantado más de 3.000 metros cuadrados de asfalto para reparar el acceso al puerto y lo presentaron como daño estructural. Quince días después esa obra estaba terminada. Eso demuestra que había mala fe”, afirmó.
El funcionario también cuestionó la forma en que se llevó adelante la intervención, describiendo un procedimiento irregular. “Vinieron a las 12 de la noche con Prefectura, desalojaron al personal que estaba de guardia y tomaron el control. Fue una acción armada, hecha a escondidas”, relató. Según explicó, desde ese momento el acceso al puerto quedó restringido y ninguna autoridad provincial puede ingresar sin autorización del interventor designado por Nación.
Pese a la gravedad de las denuncias, Gaetano aseguró que la operatoria del puerto no sufrió modificaciones tras la intervención. “El puerto siguió funcionando exactamente igual que antes. No hubo cambios, no hubo mejoras, no apareció ninguna obra nueva. Eso demuestra que no había ninguna emergencia”, subrayó. Incluso mencionó que sectores señalados como problemáticos continuaron siendo utilizados sin restricciones.
Otro de los aspectos que generó controversia es el manejo de los recursos del puerto. Si bien relativizó su impacto en el esquema nacional, Gaetano destacó que para la provincia representa una herramienta clave. “El puerto siempre fue una rueda de auxilio para los gobiernos provinciales, ayudando a resolver situaciones económicas en momentos críticos”, explicó. En esa línea, recordó que en los últimos años se realizaron inversiones significativas. “Desde que la provincia se hizo cargo, se invirtieron más de 30 millones de dólares. Gran parte del puerto actual fue construido con recursos provinciales”, señaló.
A pesar de sus críticas, el funcionario también hizo una autocrítica sobre el rol del ámbito provincial. “Hubo errores políticos e institucionales. Se subestimó la situación, se creyó que esto no iba a pasar. Eso fue un error”, reconoció. No obstante, remarcó que esas falencias no justifican la intervención. “Una cosa es cometer errores y otra muy distinta es que te intervengan un organismo de esta manera”, planteó.
Consultado sobre denuncias vinculadas a fondos sin rendir y obras inconclusas, Gaetano aseguró que esos procesos están bajo control de los organismos correspondientes. “Hay auditorías, hay Tribunal de Cuentas, hay controles internos y externos. No se puede decir livianamente que la plata desapareció”, sostuvo. Además, explicó que algunas obras dependían de financiamiento externo que finalmente no se concretó, lo que derivó en su paralización.
Para Gaetano, lo ocurrido con el puerto no puede analizarse únicamente desde lo técnico, sino que responde a una disputa política de mayor escala. “Esto es claramente una decisión política. No tiene nada que ver con la seguridad ni con el funcionamiento del puerto”, afirmó.
Finalmente, dejó una reflexión sobre el trasfondo institucional del conflicto. “Esto es un fracaso social donde todos, en mayor o menor medida, tenemos responsabilidad. Pero también es un momento para defender lo que es de todos”, expresó.
“El puerto es un bien público, es de todos los fueguinos. Los gobernantes están para administrarlo, no para entregarlo. Y eso es lo que tenemos que defender”, concluyó.