MARTÍN PEREZ ACOMPAÑÓ EL RECLAMO DE INTENDENTES POR EL DESFINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL

En el documento denunciaron el desfinanciamiento que atraviesan los municipios, el aumento sostenido del precio de los combustibles y el cobro de impuestos que, por ley, deben destinarse a obras hoy paralizadas en todo el país. Además, solicitaron retrotraer el precio de los combustibles a los valores del 1° de marzo y reactivar las obras públicas nacionales interrumpidas desde 2023.

En el marco de la presentación de este documento, Perez se expresó en representación de los intendentes patagónicos y cuestionó con firmeza las decisiones del Gobierno Nacional, advirtiendo que el ajuste impacta de lleno en el empleo, la producción y el entramado social de las ciudades.

Describió la situación de Río Grande como un ejemplo concreto de estas consecuencias. “El derrumbe industrial que vivimos en Río Grande es dramático. Entre 2023 y 2026 perdimos 5.000 puestos de trabajo industriales directos. Esta caída arrastró al resto de la economía y hoy tenemos 10.000 empleos privados registrados menos en la ciudad”, afirmó.

El intendente señaló que la producción industrial fueguina cayó entre un 50% y un 55% interanual, “una cifra récord que evidencia el impacto de la apertura de importaciones y la caída del consumo interno”.

Asimismo, se refirió a la compleja situación financiera que atraviesa el Municipio: “Estamos gestionando esta crisis con el 100% de la obra pública nacional paralizada y con retrasos sistemáticos en la remisión de la coparticipación provincial, lo que elimina cualquier previsibilidad para la gestión urbana”, sostuvo.

Ante este escenario, explicó que el Municipio debió reasignar un 25% adicional de su presupuesto a políticas de asistencia social, sanitaria, alimentaria y de transporte para acompañar a las familias afectadas.

En este contexto, Perez vinculó la crisis productiva con una dimensión estratégica ligada a la soberanía nacional. “Es alarmante que el Gobierno adopte las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que califican a la Ley 19.640 como una ‘política fallida’. Esa mirada desconoce que la promoción industrial es una política de Estado que lleva 55 años garantizando presencia argentina en un territorio estratégico”, expresó.

También remarcó la contradicción entre el retiro de YPF de áreas petroleras del norte de la isla y el avance del proyecto británico Sea Lion en el Atlántico Sur. En esa línea, manifestó su preocupación por la intervención federal del Puerto de Ushuaia y el desfinanciamiento del Polo Logístico Antártico.

A modo de cierre, Perez enfatizó: “lo que está en juego en Río Grande es la integridad misma del territorio nacional. No podemos aceptar que organismos externos definan que nuestra presencia en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una ‘política fallida’, mientras el Reino Unido avanza sobre nuestros recursos. Defender la industria fueguina y el trabajo de nuestra gente es la forma más concreta de defender la soberanía argentina".