Su llegada no es casual. Se da en un momento clave, luego de que el Municipio avanzara con una nueva ordenanza que regula el funcionamiento de las apps de transporte, poniendo fin a años de vacío legal, discusiones políticas y funcionamiento informal. Incluso, una normativa previa que prohibía estas plataformas fue declarada inconstitucional, lo que obligó a replantear el marco normativo vigente.
La nueva regulación establece reglas claras para todas las aplicaciones, bajo un esquema abierto que permite la incorporación de múltiples plataformas. Entre los puntos centrales, se crea un registro obligatorio para empresas, conductores y vehículos, se exige licencia habilitante, seguros específicos, revisión técnica y controles de antecedentes. También se contempla la posibilidad de establecer cupos y la implementación de herramientas de identificación como códigos QR para garantizar mayor seguridad y trazabilidad.
En este contexto, el desembarco de DiDi suma competencia directa en el mercado local. La app funciona de manera similar a Uber: permite solicitar viajes desde el celular, conocer el costo estimado antes de viajar, seguir el recorrido en tiempo real y calificar tanto a choferes como a pasajeros. Además, ofrece opciones de pago digitales o en efectivo.
Los primeros valores que maneja la plataforma en la ciudad muestran tarifas variables según la distancia y la demanda. Un viaje desde Chacra 11 al centro ronda los 2.500 pesos, mientras que desde el centro hacia Margen Sur se ubica en torno a los 3.640 pesos. Recorridos más extensos, como desde Chacra 13 a Margen Sur, pueden alcanzar los 7.500 pesos, y desde Chacra 2 al centro se encuentran cerca de los 1.730 pesos.
La incorporación de una segunda app consolida un nuevo escenario: Río Grande deja atrás la discusión sobre la legalidad de estas plataformas y comienza a convivir con ellas dentro de un sistema regulado. El desafío ahora será cómo impacta esta mayor competencia en las tarifas, la calidad del servicio y la relación con taxis y remises, sectores que durante años reclamaron condiciones equitativas.
Con más opciones para los usuarios y mayores exigencias para el control estatal, el transporte por aplicaciones entra en una etapa de madurez en la ciudad, donde el equilibrio entre innovación, competencia y regulación será determinante.