17/04/2026 - Edición Nº428

Provinciales

Ley de Financiamiento Universitario

Hermida: “La Universidad pública está en una crisis sin precedentes y el Gobierno debe cumplir la ley”

10:16 | En diálogo con FM Del Pueblo, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Mariano Hermida, advirtió que el fallo judicial que obliga al Gobierno a cumplir la ley de financiamiento universitario llega en medio de una crisis profunda, con salarios que perdieron más del 50% de su poder adquisitivo y un sistema que, según afirmó, “ya no tiene margen para seguir esperando respuestas”.


por Redacción Del Pueblo


En un contexto de fuerte tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Hermida, advirtió que la educación superior atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas y remarcó que el fallo judicial que ordena cumplir con la ley de financiamiento universitario representa un punto de inflexión.

En diálogo con FM Del Pueblo, el rector repasó el largo proceso que derivó en la intervención de la Justicia y dejó en evidencia el impacto del ajuste presupuestario sobre las universidades públicas, especialmente en lo que respecta a salarios, funcionamiento y sostenimiento del sistema educativo.

Hermida explicó que el conflicto se remonta a fines de 2023, cuando comenzaron a aplicarse recortes significativos en el presupuesto universitario, profundizados durante 2024 y 2025 mediante la reconducción de partidas sin actualización acorde a la inflación. En ese escenario, el sistema universitario impulsó una ley de financiamiento junto al Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios, que fue aprobada por el Congreso, vetada por el Ejecutivo y posteriormente ratificada por ambas cámaras.

“Estamos frente a una situación anómala: el Ejecutivo no cumple una ley que fue sancionada, vetada, insistida y nuevamente respaldada por el Congreso. Eso tensiona el funcionamiento democrático”, sostuvo.

 

Un fallo clave y sin margen político

El rector detalló que la causa judicial iniciada por 49 universidades del país avanzó en distintas instancias hasta llegar a la Cámara de Apelaciones, que no solo ratificó el fallo de primera instancia sino que además ordenó el cumplimiento inmediato de medidas cautelares vinculadas principalmente a la actualización salarial de docentes y no docentes.

Según explicó, el Gobierno nacional tendría escaso margen para seguir dilatando la aplicación de la medida, salvo que recurra a la Corte Suprema. Sin embargo, consideró que, al menos en lo que respecta a la cautelar, “no le queda otra alternativa que cumplir”.

“Lo que está en discusión no es menor: es el sostenimiento del sistema universitario argentino, que es uno de los pilares del desarrollo del país”, enfatizó.

 

Salarios en caída libre

Uno de los puntos más críticos señalados por Hermida es el deterioro de los ingresos de los trabajadores universitarios. De acuerdo a sus estimaciones, docentes y no docentes han perdido alrededor de un 55% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

“Hoy un trabajador universitario puede comprar un 55% menos que hace dos años. Eso no solo es grave en términos sociales, sino que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades”, explicó.

La consecuencia directa de esta situación ya se hace visible en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, donde más de 70 docentes e investigadores renunciaron en los últimos dos años.

“Son profesionales altamente formados que se van del sistema porque no pueden sostenerse económicamente. Eso impacta directamente en la calidad educativa, en la investigación y en la formación de nuevos profesionales”, advirtió.

 

Un sistema sostenido por su capital humano

Hermida remarcó que el 90% del presupuesto universitario está destinado al pago de salarios, lo que evidencia que el principal activo de las universidades públicas es su capital humano.

“Las universidades no son edificios, son personas. Son docentes, investigadores, no docentes, estudiantes. Si ese capital humano se deteriora, el sistema entero entra en crisis”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que el sistema universitario argentino ha sido históricamente un motor de desarrollo, formando a profesionales en todas las áreas y contribuyendo al prestigio internacional del país.

 

Desfinanciamiento histórico

El rector también alertó sobre la caída en la inversión estatal en educación superior. Indicó que actualmente el financiamiento universitario representa apenas el 0,4% del Producto Bruto Interno, muy por debajo de los niveles históricos que rondaban entre el 0,7% y 0,8%.

“Estamos en el piso más bajo de inversión en décadas. Es incluso inferior al de otros países de América Latina, lo cual es preocupante para un país con tradición universitaria como Argentina”, afirmó.

Además, cuestionó medidas del Ejecutivo que limitaron las posibilidades de financiamiento alternativo, como la restricción de convenios con organismos estatales para la prestación de servicios técnicos y científicos.

 

Ajustes sin afectar a los estudiantes

A pesar del escenario adverso, Hermida destacó que la universidad hizo un esfuerzo significativo para sostener las políticas de acompañamiento estudiantil.

“Decidimos priorizar a los estudiantes. No recortamos becas ni residencias universitarias. Hemos sostenido todo el sistema de acompañamiento, incluso con menos recursos”, explicó.

Sin embargo, reconoció que sí se debieron ajustar otros aspectos, como la infraestructura y los espacios de trabajo para docentes e investigadores.

“Hemos reducido oficinas, reorganizado espacios, optimizado recursos. Pero tratamos de que el impacto no recaiga sobre las trayectorias educativas”, indicó.

 

Un alivio parcial

Respecto al impacto del fallo judicial, el rector fue claro: si bien representa un alivio importante, no resuelve todos los problemas estructurales.

“La cautelar va a permitir actualizar los salarios, lo cual es fundamental. Pero no soluciona el desfasaje en los gastos de funcionamiento, que siguen creciendo mes a mes”, explicó.

En ese sentido, advirtió que las universidades podrían enfrentar nuevas dificultades si no se actualizan también esas partidas.

 

La universidad como bien social

Finalmente, Hermida interpretó el fallo judicial como una señal de respaldo social a la educación pública.

“La sociedad argentina dejó en claro que la universidad pública es un bien que quiere preservar. Incluso quienes no pasan por sus aulas se benefician de los profesionales que forma”, sostuvo.

Y concluyó: “La universidad pública no es un gasto, es una inversión estratégica. Es el lugar donde se forman los médicos, los ingenieros, los docentes, los científicos. Defenderla es defender el futuro del país”.