Se trata de la “Declaración de Cumplimiento de Instalación Portuaria”, emitida el 14 de enero de 2026 en el marco del Código PBIP. El documento establece que la terminal cumple con el capítulo XI-2 del Convenio SOLAS, normativa internacional que regula la seguridad en puertos y buques.
En ese sentido, la certificación deja en claro que la instalación portuaria opera bajo un Plan de Protección aprobado, condición indispensable para la operatoria marítima internacional. Además, detalla que el puerto está habilitado para recibir buques de pasajeros, carga general, contenedores y embarcaciones pesqueras, lo que reafirma su normal funcionamiento.
La revelación de esta certificación pone en tensión el discurso sostenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), el Gobierno nacional y referentes libertarios en la provincia, quienes habían argumentado la existencia de supuestas “falencias estructurales” como fundamento para avanzar sobre la administración portuaria.
El dato no es menor: el informe proviene de un organismo federal con competencia directa en seguridad marítima, lo que le otorga un peso técnico e institucional difícil de refutar.
El eje más sensible del caso radica en la desaparición del documento original. Según se pudo reconstruir, el certificado emitido en enero no pudo ser localizado dentro del organismo prefecturiano, lo que obligó a emitir un duplicado a pedido de trabajadores del puerto.
Este duplicado incluye una constancia expresa sobre la inexistencia del original, lo que abre interrogantes sobre lo ocurrido dentro de la propia estructura estatal. La demora de tres meses en la difusión del documento alimenta sospechas sobre posibles maniobras para ocultar información clave en medio del conflicto por el control y los recursos del puerto.
En sectores vinculados a la actividad portuaria no dudan en hablar de una posible intencionalidad detrás del extravío. Señalan que la desaparición del documento original habría permitido sostener un relato político que ahora queda debilitado por la evidencia técnica.
El episodio profundiza el clima de tensión entre Nación y la provincia, en un escenario donde el puerto de Ushuaia aparece como un activo estratégico tanto por su rol logístico como por su impacto económico.
Mientras tanto, crecen los pedidos de explicaciones y de una investigación que determine responsabilidades sobre la desaparición de un documento oficial que, lejos de ser un trámite administrativo más, podría tener implicancias políticas de alto nivel.
