El Gobierno Nacional redefine el régimen industrial y enciende alarmas en Tierra del Fuego

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó un cambio estructural en la política industrial argentina que podría marcar un punto de inflexión para Tierra del Fuego. A través del Decreto 252/2026, se dispuso la ampliación del Régimen de Aduana en Factoría (RAF) a todo el territorio nacional, lo que implica una modificación sustancial del esquema que durante décadas sostuvo el desarrollo productivo en la provincia.

La medida, que entrará en vigencia el 17 de junio, permite a empresas radicadas en el continente importar insumos sin aranceles y diferir impuestos, beneficios que hasta ahora eran exclusivos del subrégimen de promoción industrial establecido por la Ley 19.640. Este cambio elimina el diferencial competitivo que posicionaba a la isla como un polo estratégico para la industria, particularmente en el sector electrónico.

Históricamente, el Régimen de Aduana en Factoría funcionó como una herramienta clave para compensar los altos costos logísticos y las condiciones climáticas adversas de producir en el extremo sur del país. Su extensión al resto del territorio nacional modifica el equilibrio industrial y plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad del entramado productivo fueguino.

Entre las principales consecuencias que anticipan especialistas y actores del sector se destacan la pérdida de competitividad relativa, el riesgo de desinversión y un potencial impacto negativo en el empleo. En una provincia con más de 200.000 habitantes, gran parte de la actividad económica depende directa o indirectamente del régimen industrial.

En paralelo, empresas líderes como Grupo Mirgor ya avanzan en estrategias de expansión fuera de la isla, con inversiones orientadas a nuevas plantas en el continente. Esta tendencia refuerza la posibilidad de una relocalización progresiva de la producción.

Analistas advierten que la medida podría generar un “efecto de igualación hacia abajo”, en el que Tierra del Fuego pierde su rol diferencial sin que necesariamente se consolide un desarrollo industrial equivalente en otras regiones. Más allá del impacto económico, el debate también alcanza una dimensión geopolítica.

El régimen establecido por la Ley 19.640 no solo buscaba promover la industria, sino también garantizar el poblamiento y la soberanía en un territorio considerado estratégico. En este nuevo escenario, surgen interrogantes sobre la capacidad de sostener el arraigo poblacional y el desarrollo a largo plazo en la provincia más austral del país.