ATE rechazó el 2% y escala el conflicto salarial con el Gobierno provincial

La negociación paritaria en la administración pública provincial volvió a quedar empantanada y suma un nuevo episodio de fuerte tensión entre el Gobierno y los trabajadores estatales. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó de plano la propuesta oficial de un incremento salarial del 2%, al considerarla muy por debajo de las necesidades actuales en un contexto de inflación sostenida y pérdida del poder adquisitivo.

Desde el gremio, el secretario de Finanzas, Carlos Margalot, fue contundente al calificar la oferta como una “verdadera vergüenza”. En ese sentido, remarcó que con ese porcentaje de aumento un trabajador ingresante no alcanza siquiera los $800.000 mensuales, ubicándose entre los salarios más bajos de la provincia y lejos de cubrir el costo de vida.

El conflicto se agravó aún más luego de que el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego rechazara otorgar un cuarto intermedio solicitado por la representación sindical para analizar una posible contrapropuesta. Desde el Ejecutivo argumentaron limitaciones presupuestarias y falta de recursos, una postura que fue recibida con fuerte malestar por parte de ATE.

La negativa oficial a continuar el diálogo en mejores condiciones encendió las alarmas dentro del gremio, que ya comenzó a evaluar la implementación de medidas de fuerza en las próximas horas. Asambleas, retención de servicios y posibles movilizaciones forman parte del abanico de acciones que podrían activarse si no se retoma la negociación con una propuesta superadora.

En este escenario, la paritaria provincial vuelve a situarse en un punto muerto, con posiciones cada vez más distantes y sin señales concretas de acercamiento. Mientras tanto, los trabajadores estatales enfrentan un escenario económico complejo, marcado por el aumento constante de precios y la creciente presión sobre los ingresos.

El conflicto no solo expone la fragilidad de las cuentas públicas provinciales, sino también la urgencia de alcanzar acuerdos que permitan sostener el funcionamiento del Estado sin profundizar la conflictividad social. Por ahora, el diálogo sigue trabado y el desenlace permanece abierto.