Sebastián Tesei: “No es solo una multa, también deberán reparar lo que destruyen”

El Municipio de Río Grande avanza con la aplicación efectiva de sanciones a conductores que provoquen daños en el mobiliario urbano, una problemática que se repite con frecuencia en distintos puntos de la ciudad y que implica un importante costo económico para el Estado local.

El asesor letrado municipal, el doctor Sebastián Tesei, confirmó que la medida ya se encuentra vigente y que será aplicada cada vez que se verifique la rotura de bienes públicos como canteros, rotondas, señalización o estructuras urbanas, generalmente como consecuencia de siniestros viales.

En diálogo con FM Del Pueblo, Tesei explicó que este tipo de situaciones “se observan prácticamente todos los días” y, en muchos casos, están vinculadas al consumo de alcohol o a distracciones al volante, como el uso del teléfono celular. “De una u otra manera, se termina generando daño sobre bienes que pertenecen al dominio público municipal”, señaló.

Doble sanción: multa económica y reparación del daño

El mecanismo de sanción se enmarca en el Código Administrativo de Faltas, una ordenanza vigente desde 2011 que ha sido modificada a lo largo del tiempo para adaptarse a nuevas problemáticas. En este caso, la normativa prevé una doble consecuencia para el infractor.

Por un lado, se aplicará una multa económica que oscila entre 750 y 7500 unidades punitivas. Actualmente, cada unidad tiene un valor cercano a los 966 pesos, lo que implica sanciones que pueden alcanzar montos significativos, dependiendo de la gravedad del hecho.

Por otro lado, el responsable deberá afrontar la reparación integral del daño ocasionado. Esto implica que, además de pagar la multa, deberá hacerse cargo de los costos necesarios para reponer o reconstruir el bien afectado.

“El Juzgado Administrativo de Faltas será el encargado de evaluar cada caso en particular y determinar la sanción correspondiente dentro de esa escala, teniendo en cuenta la magnitud del daño”, precisó Tesei.

Intervención inmediata y proceso administrativo

El procedimiento comienza con la intervención del personal de tránsito, que labra el acta de comprobación en el lugar del hecho. Luego, las actuaciones son remitidas al Juzgado de Faltas, donde se inicia el proceso administrativo.

En esa instancia, el infractor tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. Finalmente, tras el análisis del caso, se dicta una resolución que establece la multa y la obligación de reparar los daños.

Desde el Municipio remarcaron que el sistema ya se venía aplicando, aunque en muchos casos sin trascendencia pública. Sin embargo, recientes hechos con mayor impacto —como un siniestro con alcoholemia positiva ocurrido la semana pasada— volvieron a poner el tema en agenda.

Concientización y prevención

Más allá del aspecto recaudatorio, el objetivo principal de la medida es generar conciencia en los conductores y promover una conducción responsable.

“La idea no es solo sancionar, sino prevenir. Estamos hablando de situaciones que podrían tener consecuencias mucho más graves. Hoy hablamos de daños materiales, pero podrían ser personas”, advirtió el funcionario.

En ese sentido, se destacó que muchos de estos incidentes ocurren en horarios donde hay circulación de peatones, incluyendo niños que se dirigen a la escuela, lo que incrementa el riesgo.

Un ejemplo reciente se registró en la avenida Perón, donde una conductora perdió el control de su vehículo —presuntamente por el uso del celular—, impactó contra un cantero y terminó volcando. Aunque no hubo víctimas, el hecho volvió a encender las alarmas.

Un llamado a la responsabilidad

Desde el Ejecutivo municipal insistieron en que la aplicación de estas sanciones busca poner un límite a conductas imprudentes y evitar que los costos de la irresponsabilidad individual recaigan sobre toda la comunidad.

“Conducir implica una responsabilidad social. No se trata solo de quien maneja, sino de todas las personas que comparten el espacio público”, concluyó Tesey.

Con esta política, el Municipio espera no solo reducir los daños al patrimonio urbano, sino también contribuir a mejorar la seguridad vial en Río Grande.