Lopez Silva: “Hoy el chiste deja de ser chiste: una amenaza puede convertirse en delito”

Antes de entrar en el tema, el propio ministro valoró el espacio brindado para poder expresarse públicamente, reconociendo que había postergado la entrevista por cuestiones propias de la gestión. “Me parecía importante agradecer el respeto y poder explicar lo que la comunidad necesita saber”, señaló.

Ya de lleno en la problemática, López Silva remarcó que el escenario es complejo y que no puede analizarse de manera aislada ni simplista. Si bien en un primer momento se generó una fuerte preocupación por la coincidencia temporal con un hecho trágico ocurrido en Santa Fe —donde un adolescente llevó adelante un ataque armado dentro de una escuela—, el ministro fue claro: no existe una vinculación directa entre ese episodio y las amenazas registradas en Tierra del Fuego.

Según explicó, aquel caso formó parte de una investigación más amplia vinculada a una red internacional que capta jóvenes con el objetivo de promover hechos violentos en instituciones educativas. Sin embargo, insistió en que los grafitis y mensajes detectados en escuelas de la provincia responden a otra dinámica. “No hay relación entre ese hecho y lo que está pasando acá. Eso fue aclarado incluso por autoridades judiciales”, sostuvo.

En paralelo a ese contexto, comenzaron a aparecer pintadas y mensajes intimidatorios en distintos establecimientos educativos, principalmente del nivel secundario. Frases como “mañana tiroteo” encendieron alarmas y obligaron a activar protocolos de actuación. Ante esto, el Ministerio de Educación dispuso una serie de medidas basadas en normativas vigentes, como la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y una guía federal de intervención ante situaciones complejas en las escuelas.

A partir de estas herramientas, se instruyó a los equipos directivos sobre cómo proceder: realizar la denuncia correspondiente, dar intervención a la policía y permitir que la Justicia determine los pasos a seguir. “Esto no es algo que la escuela tenga que resolver sola. Hay una articulación necesaria con otros organismos del Estado”, explicó.

En ese marco, el ministro confirmó que se llevó adelante una reunión clave con autoridades del Superior Tribunal de Justicia, fuerzas policiales y representantes del Ejecutivo, con el objetivo de analizar la situación y coordinar acciones. Si bien evitó precisar cifras exactas, reconoció que el número de casos es significativo y que genera preocupación.

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la necesidad de preguntarse por qué estas manifestaciones ocurren dentro de las escuelas. “¿Por qué en la escuela y no en otros espacios como una plaza o un club? Algo nos están queriendo decir los chicos”, reflexionó. En esa línea, planteó que estos episodios deben ser interpretados también como una forma de expresión, como “gritos silenciosos” que requieren ser escuchados.

Lejos de minimizar la situación, López Silva advirtió sobre los riesgos de tomar decisiones impulsivas. En algunas jurisdicciones del país, por ejemplo, se implementaron medidas como prohibir el uso de mochilas o exigir elementos transparentes para controlar lo que los estudiantes llevan. Sin embargo, el ministro fue cauteloso: “No podemos tomar decisiones alocadas ni apresuradas, pero tampoco quedarnos de brazos cruzados”.

También hizo hincapié en el rol de las familias, especialmente en el nivel secundario, donde los estudiantes tienen mayor autonomía. “Hay cosas que la escuela no puede ver, pero la familia sí. Desde revisar una mochila hasta, sobre todo, generar espacios de diálogo”, indicó.

Otro aspecto que sumó preocupación es el contexto legal. López Silva mencionó la reciente aprobación de la baja en la edad de imputabilidad —que entraría en vigencia en los próximos meses— y advirtió que situaciones que antes podían interpretarse como bromas hoy pueden tener consecuencias penales. “Hoy el chiste deja de ser chiste. Todo se toma como una amenaza real y puede convertirse en delito”, subrayó.

En la provincia, hasta el momento, no se han detectado armas reales en los casos investigados, aunque sí se mencionó la aparición de réplicas en algunos contextos, sin capacidad de generar daño. No obstante, cada denuncia activa un procedimiento que puede incluir allanamientos, con el objetivo de descartar cualquier riesgo.

Finalmente, el ministro dedicó un apartado especial al rol de los medios de comunicación. Sin cuestionar la tarea periodística, pidió responsabilidad al momento de informar. “Los medios tienen una herramienta muy poderosa. Si no se maneja con cuidado, puede generar un efecto rebote que agrave la situación”, advirtió.

En ese sentido, solicitó que la información sobre estos hechos sea canalizada primero a través de las autoridades correspondientes y que se evite exponer a menores de edad en coberturas mediáticas. “No se trata de ocultar, sino de comunicar con responsabilidad”, aclaró.

Como parte de la estrategia de concientización, el gobierno provincial lanzó recientemente una campaña audiovisual que busca reflejar las consecuencias de este tipo de acciones, utilizando testimonios y representaciones con autorización de las familias involucradas.

Para López Silva, el desafío es colectivo y urgente. “Esto es un llamado de atención para todos: el Estado, la escuela, la familia y la sociedad. Tenemos que trabajar juntos para evitar que algo grave suceda”, concluyó.