Fiscal Urquiza: “La intimidación pública puede llevar hasta seis años de prisión”

El fiscal Eduardo Urquiza brindó un extenso análisis sobre la investigación en curso en Río Grande y Ushuaia a raíz de la aparición de mensajes intimidatorios en distintos establecimientos educativos, una situación que en las últimas semanas generó fuerte preocupación en toda la comunidad.

Se trata de grafitis y publicaciones —en su mayoría detectados en sanitarios escolares, aunque también replicados en redes sociales— que contienen advertencias o promesas de posibles episodios de violencia. Estos hechos, que inicialmente fueron interpretados como conductas aisladas, comenzaron a multiplicarse, dando lugar a un fenómeno que hoy se investiga de manera articulada por la Justicia provincial.

De acuerdo a lo informado por el fiscal, actualmente se registran “aproximadamente 60 denuncias” entre Río Grande y Ushuaia. En su gran mayoría, corresponden a mensajes escritos dentro de establecimientos educativos que generan temor e incertidumbre, tanto en estudiantes como en docentes y familias.

Urquiza explicó que, en un primer momento, muchos de estos hechos fueron encuadrados bajo la figura de amenazas. Sin embargo, con el correr de la investigación y en línea con criterios adoptados en otras jurisdicciones del país, comenzó a analizarse la posible aplicación del delito de intimidación pública, una figura penal de mayor gravedad que prevé penas de hasta seis años de prisión.

“El contexto y el impacto social que generan estos mensajes obliga a pensar en un encuadre más amplio. No se trata solamente de una amenaza individual, sino de situaciones que pueden generar alarma en toda la comunidad”, señaló.

En cuanto al funcionamiento de la investigación, aclaró que intervienen fiscales tanto de Río Grande como de Ushuaia bajo un esquema de turnos, por lo que cada caso concreto es llevado adelante por el fiscal correspondiente. En su rol, indicó, apunta a brindar lineamientos generales y a comunicar a la sociedad la gravedad del fenómeno.

Uno de los puntos más complejos es la identificación de los autores. La modalidad de los hechos —muchas veces realizados en baños escolares, donde no existen cámaras por razones obvias de privacidad— dificulta notablemente obtener pruebas directas. A esto se suma el circuito institucional que deben seguir los establecimientos educativos antes de formalizar una denuncia, lo que en algunos casos puede provocar la pérdida de evidencia relevante.

“La forma en que se ejecutan estos hechos y los protocolos existentes hacen que, en ese interín, pueda diluirse información importante para avanzar en la investigación”, explicó.

En paralelo, el fiscal también se refirió a la dimensión digital del problema. Las redes sociales y aplicaciones de mensajería han sido utilizadas para replicar o amplificar estas amenazas, lo que introduce un nuevo nivel de complejidad. “No siempre es posible determinar si quien está detrás de una cuenta es un menor o un adulto. Por eso hay que ser muy prudentes”, advirtió.

No obstante, destacó experiencias positivas donde la intervención temprana de las familias permitió frenar situaciones potencialmente graves. En al menos dos casos en Río Grande, padres detectaron conductas preocupantes en el uso de dispositivos electrónicos por parte de sus hijos, lograron interrumpir la circulación de mensajes intimidatorios y dieron aviso a las autoridades escolares.

“Ese es el camino que debemos fortalecer. La familia cumple un rol central, no solo en el control, sino principalmente en el acompañamiento y la formación”, subrayó.

En ese sentido, remarcó que la respuesta penal debe ser la última instancia. “El derecho penal llega cuando ya no hay otra herramienta. Después de eso, no hay nada más. Por eso es clave intervenir antes, desde otros ámbitos”, sostuvo, haciendo hincapié en la necesidad de un abordaje integral que incluya a la escuela, la familia y el Estado.

Respecto del marco legal vigente, Urquiza explicó que actualmente rige un sistema diferenciado para menores de edad, donde la imputabilidad depende tanto de la edad como de la gravedad del delito. Sin embargo, advirtió que una nueva legislación —que modifica la edad de imputabilidad— entrará en vigencia en septiembre, una vez cumplido el plazo establecido desde su promulgación.

Este cambio implicará que situaciones como las que hoy se investigan puedan tener consecuencias penales distintas para adolescentes, lo que refuerza la necesidad de generar conciencia antes de que la nueva normativa comience a aplicarse.

“Hoy ya estamos frente a conductas que pueden ser consideradas delictivas. La diferencia es que en algunos casos no se puede avanzar por cuestiones legales o por la imposibilidad de identificar a los autores. Pero eso puede cambiar”, advirtió.

El fiscal también valoró las políticas de acercamiento del Poder Judicial a la comunidad, especialmente en el ámbito educativo. Recordó que desde hace años se desarrollan actividades como simulacros de juicio en escuelas, con el objetivo de que los jóvenes comprendan cómo funciona el sistema judicial y cuáles son las consecuencias de determinadas conductas.

En ese marco, adelantó que este tipo de problemáticas seguramente serán incorporadas en futuras instancias de trabajo con estudiantes, como una forma de prevención y concientización.

Finalmente, dejó un mensaje claro tanto para padres como para jóvenes. “No hay que subestimar a los chicos. Ellos comprenden perfectamente. El desafío es encontrar la manera de comunicarse, de acercarse. Cada familia sabrá cómo hacerlo, pero lo importante es no abandonar nunca el diálogo”, expresó.

Mientras la investigación continúa y no se descarta que en algún momento puedan identificarse responsables, desde la Justicia insisten en que el objetivo principal es evitar que estos hechos escalen. La clave, coinciden, está en la responsabilidad compartida y en la capacidad de la sociedad para actuar de manera preventiva ante un fenómeno que, aunque muchas veces se presente como una “broma”, puede tener consecuencias graves.