por Redacción Del Pueblo
La discusión sobre la reforma de la Constitución provincial atraviesa uno de sus momentos más complejos. Según un reciente relevamiento, cerca del 70% de la población fueguina se manifiesta en contra de avanzar con el proceso, no solo por su contenido sino, principalmente, por el contexto en el que se impulsa.
“El problema central es la oportunidad. La gente no percibe que esta sea una prioridad cuando hay demandas urgentes vinculadas a la salud, la educación y la situación económica”, explicó el analista durante la entrevista.
En ese sentido, el estudio revela que la percepción de que la provincia marcha en un rumbo incorrecto también alcanza niveles similares, lo que impacta directamente en la imagen del gobernador Gustavo Melella. Por primera vez desde el inicio de su gestión, los niveles de rechazo se acercan al 70% de manera uniforme en toda la provincia, sin las diferencias que históricamente equilibraban los números entre distintas ciudades.
El informe plantea que no se puede analizar el debate de la reforma sin contemplar la situación económica nacional. La caída del poder adquisitivo, la incertidumbre y la falta de recuperación comienzan a traducirse en un fuerte desgaste político.
En ese marco, también se registra una baja en la imagen del presidente Javier Milei, cuya aprobación ronda entre el 30% y el 35% a nivel nacional y muestra signos de retroceso en Tierra del Fuego, pese a haber sido una de las provincias donde mejor había medido tras las elecciones.
“Después del triunfo del año pasado había expectativas de mejoras rápidas. Eso no ocurrió, y cuando la economía no arranca, el descontento crece y se vuelve más visible”, señaló el analista.
Uno de los puntos más contundentes del relevamiento es el orden de prioridades que expresa la ciudadanía. Frente a la consulta sobre en qué debería enfocarse el gasto público, la mayoría eligió:
Muy por detrás aparece la reforma constitucional, que además es asociada a intereses políticos antes que a necesidades concretas de la población.
“La gente plantea algo muy claro: antes que gastar recursos en un proceso electoral o institucional, esos fondos deberían destinarse a resolver problemas urgentes, como el estado de la obra social provincial”, indicó.
El estudio también analizó la intención de voto y dibuja un panorama similar al de las últimas elecciones, con una fuerte dispersión de fuerzas políticas y un alto nivel de indecisos.
La Libertad Avanza se posiciona en primer lugar con el 28,7%, seguida por el peronismo de Ushuaia con 11,7%. Más atrás aparecen FORJA (9,6%) —espacio vinculado al gobernador—, Defendamos Tierra del Fuego (8,8%), el espacio de “Chispita” Fadul (7,5%) y el Frente de Izquierda (7%). Completan el escenario el MPS con 3,8% y la UCR con 1,3%, mientras que un 21,7% aún no define su voto.
“El oficialismo hoy está tercero. Y aun en el caso de que se avance con el proceso electoral, el escenario no le es favorable”, advirtió.
El análisis también incorporó antecedentes recientes en otras provincias donde reformas constitucionales vinculadas a reelecciones fueron frenadas por la Corte Suprema de Justicia.
Casos como San Juan, Tucumán, La Rioja y Río Negro marcaron un límite claro, con fallos que impidieron la participación de gobernadores que buscaban extender sus mandatos.
“Hay una señal institucional muy fuerte en la Argentina respecto a las reelecciones. Es un tema que ya tiene jurisprudencia y que difícilmente pueda ignorarse en futuros procesos”, sostuvo.
Más allá del debate político, el informe refleja preocupaciones concretas de la vida cotidiana. Entre ellas, el estado de la Ruta Nacional 3, clave para la conexión entre Ushuaia y Río Grande, aparece como uno de los ejemplos más mencionados.
“El deterioro es muy grande y la falta de mantenimiento no solo tiene consecuencias económicas, sino también riesgos directos en términos de seguridad vial”, señalaron.
En ese marco, se cuestiona la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra pública, lo que agrava el panorama en provincias con fuertes limitaciones estructurales.
Finalmente, el analista remarcó que el malestar no se limita a una fuerza política en particular, sino que atraviesa a todo el sistema.
“Lo que la gente está diciendo es que la política está desconectada de sus problemas reales. Se percibe que las prioridades pasan por el poder y no por resolver lo urgente”, afirmó.
Y concluyó: “Cuando se empuja a la sociedad hacia decisiones que no comparte, lo más probable es que la respuesta en las urnas sea negativa. Hay un mensaje muy claro que la dirigencia debería escuchar”.