Melella anuncia el veto y redobla la apuesta por la reforma constitucional

En las últimas horas, Tierra del Fuego atraviesa una fuerte crisis institucional luego de que la Legislatura provincial derogara, en la madrugada del 1° de mayo, la ley que habilitaba la reforma parcial de la Constitución. La decisión, adoptada minutos antes de las 4 AM, no solo sorprendió por el horario sino también por el alcance político de la medida, ya que dejó sin efecto una norma aprobada por el propio cuerpo en 2023. De este modo, se abrió un conflicto de poderes que ahora suma un nuevo capítulo con el anuncio del veto por parte del gobernador Gustavo Melella, quien busca sostener la convocatoria a elecciones constituyentes. 

En este contexto, el mandatario fueguino confirmó que rechazará la norma sancionada por la Legislatura e insistirá con el proceso constituyente. Desde el Ejecutivo remarcan que la convocatoria a elecciones para el 9 de agosto continúa vigente, al considerar que el proceso ya fue validado por el Superior Tribunal de Justicia y, por lo tanto, no puede ser interrumpido por una decisión posterior. En esa línea, juristas consultados por Noticia de Tapa sostienen que la Ley de Convocatoria a una reforma constitucional “se agota en su función habilitante” y no puede ser modificada de manera unilateral una vez puesta en marcha. Incluso, advierten que ¨resulta de nulidad absoluta cualquier intento de derogar una norma que ya cumplió su objetivo, dado que la convocatoria electoral ya está en curso y con fecha definida¨, explicaron a este medio. 

Por otro lado, la derogación de la ley se produjo en una sesión cargada de tensiones políticas, negociaciones cruzadas y reposicionamientos inesperados. El debate comenzó el jueves por la tarde, tal como informó Clarín en su edición digital, tuvo interrupciones y se reanudó por la noche, hasta desembocar en una votación clave durante la madrugada. Con 11 votos a favor, sectores opositores —incluidos representantes del justicialismo alineados con el peronismo de Ushuaia, La Libertad Avanza, el Movimiento Popular Fueguino y otros bloques— avanzaron contra la iniciativa. En contraste, el oficialismo quedó en minoría con apenas cuatro votos en contra y denunció motivaciones políticas detrás de la decisión, señalando un intento de frenar la reforma. 

Asimismo, el trasfondo del conflicto revela una disputa más amplia dentro del mapa político provincial. La relación entre el gobernador y sectores del peronismo local, en particular el Municipio de Ushuaia, se tensó tras las últimas elecciones y derivó en una ruptura de alianzas. A esto se suman intereses territoriales y liderazgos en pugna, como los del intendente de Ushuaia y el de Río Grande, que complejizan el escenario. En ese marco, la derogación de la ley aparece como un movimiento que excede lo institucional y se inscribe en una disputa de poder más profunda. 

Al mismo tiempo, desde el Ejecutivo defienden el contenido de la reforma impulsada, que incluía modificaciones en más de 70 artículos de la Constitución provincial. Entre los puntos destacados se encontraban límites a las reelecciones indefinidas de legisladores, eliminación de cargos vitalicios en distintos organismos (el legislador Damián Löffler va a cumplir 28 años como legislador), establecimiento de topes salariales y la implementación de herramientas de modernización administrativa. Según el oficialismo, estos cambios apuntaban a reducir privilegios y mejorar la calidad institucional. Finalmente, el escenario abre un panorama de alta incertidumbre y tensión política.

Mientras el gobernador anunció que avanzará con el veto, la Legislatura podría insistir con la derogación, lo que derivaría en una nueva disputa de carácter judicial. En ese sentido, especialistas en derecho constitucional advierten que el proceso constituyente tiene particularidades que lo diferencian de otras leyes ordinarias, lo que podría limitar la capacidad de frenarlo una vez iniciado. Así, todo indica que el conflicto no solo continuará, sino que se trasladará a los tribunales, en una definición de suma tensión para el futuro institucional de la provincia.