por Ramiro Santoro
La iniciativa fue acompañada por 9 votos que llegaron de los bloques del Partido Justicialista, impulsores de la iniciativa a través de Juan Carlos Pino, Somos Fueguinos, Provincia Grande, Partido Verde y el Movimiento Popular Fueguino (MPF), que reunieron los votos necesarios para convertir el proyecto en ley.
Más allá del contenido técnico, la sanción se produjo en un contexto de fuerte disputa política entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Ushuaia, que en las últimas semanas había intensificado sus reclamos por la demora y “discrecionalidad” en el envío de fondos.
Desde la capital fueguina venían denunciando “asfixia financiera”, falta de previsibilidad presupuestaria y la necesidad de terminar con un esquema en el que los recursos municipales dependían de decisiones administrativas de la Provincia.
El reclamo fue encabezado públicamente por el intendente Walter Vuoto y su equipo, que plantearon la necesidad de avanzar hacia un sistema automático y transparente.
La aprobación de la Ley de Goteo aparece así como una respuesta institucional a esa demanda histórica, pero también como un duro revés para la gestión del gobernador Gustavo Melella, en momentos en que la relación con el oficialismo municipal de Ushuaia atraviesa su punto más crítico.
El nuevo escenario además profundiza la ruptura entre dos espacios que hasta hace pocos meses compartían estrategia electoral. Vuoto y Melella llegaron aliados a las últimas elecciones nacionales de octubre bajo el sello de Fuerza Patria, en un armado que buscó contener al peronismo y sectores provinciales frente al nuevo mapa político nacional.
Sin embargo, aquella convivencia electoral comenzó a resquebrajarse rápidamente tras los comicios. Las diferencias por la administración de recursos, el posicionamiento político y la disputa por el liderazgo dentro del campo opositor fueguino terminaron por tensar el vínculo.
La votación de este jueves expuso con claridad ese quiebre. Sectores cercanos al intendente capitalino confluyeron con bloques opositores para impulsar una ley resistida por el Ejecutivo provincial, marcando una nueva correlación de fuerzas dentro de la Legislatura.