por Redacción Del Pueblo
El reclamo apunta directamente contra la Caja de Previsión, a la que consideran principal responsable de la falta de pago. Según Gatti, el organismo “tomó una decisión interna de no cumplir con la ley”, lo que derivó en la interrupción de liquidaciones que corresponden a años de aportes realizados durante la carrera policial. “Estamos reclamando algo básico: que se nos pague lo que aportamos durante toda nuestra vida laboral. No es un aumento, es lo que nos corresponde”, remarcó.
Los retirados aseguran que han solicitado en reiteradas oportunidades una audiencia con el gobernador, sin éxito. “Hicimos tres presentaciones formales y nunca fuimos recibidos, ni nosotros ni nuestras familias”, sostuvo Gatti. Incluso relató que tampoco lograron acercarse al mandatario en actos públicos. “La única vez que estuvimos cerca fue en la apertura de sesiones en Ushuaia, pero cuando terminó el acto se retiraron sin posibilidad de diálogo”, indicó, interpretando la situación como una decisión política. “Sentimos que está todo orquestado en contra nuestra”, cuestionó.
El conflicto también fue llevado al ámbito judicial mediante amparos. Sin embargo, las respuestas no fueron favorables. Según explicó, la Justicia reconoció la legitimidad del reclamo, pero rechazó la vía del amparo como mecanismo adecuado, sugiriendo iniciar un proceso contencioso administrativo que puede extenderse por años. “Nos dicen que tenemos razón, pero que esperemos 10 o 12 años. Es un tiempo que muchos no tenemos”, lamentó.
En ese sentido, advirtió que la situación afecta a personas de edad avanzada, muchas de ellas con problemas de salud. “Hay gente de entre 60 y 80 años. Esto es prácticamente condenarlos”, expresó.
Gatti también cuestionó la falta de acción de los distintos poderes del Estado. Señaló que el Ejecutivo no intervino para garantizar el sistema previsional, que la Legislatura demoró meses en pedir informes y que la Justicia no ofreció una solución inmediata. “Estamos solos. No es una sensación, es la realidad. Nadie está haciendo cumplir la ley”, afirmó.
A la falta de ingresos se suma una situación crítica en materia de salud, ya que, según denunciaron, la obra social presenta deficiencias y cortes en distintos puntos de la Patagonia. “Hay gente que está prácticamente condenada. Sin ingresos y sin cobertura médica, la situación es desesperante”, advirtió.
Pese al escenario adverso, los retirados mantienen expectativas en una reciente ley impulsada en la Legislatura que buscaría garantizar el financiamiento de la Caja de Previsión mediante aportes patronales. “Esperamos que no sea vetada y que pueda significar un alivio para todos nosotros”, concluyó.
Mientras tanto, las marchas continuarán como única herramienta para visibilizar un conflicto que, lejos de resolverse, se profundiza con el paso del tiempo.