Brutal golpiza a tres detenidos dentro de la Unidad de Detención 1

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Gastón Iván Burgoa Albarracín, de 37 años, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, ambos de 18 años. Los tres habían sido arrestados durante el fin de semana del 2 y 3 de mayo por atacar con un arma blanca a otro hombre en el marco de un presunto ajuste de cuentas relacionado con el robo de una bicicleta.

Tras permanecer detenidos y ser indagados por la Justicia, se les negó la excarcelación y el sábado 9 de mayo fueron trasladados bajo la órbita del Servicio Penitenciario Provincial para quedar alojados en la Unidad de Detención 1 de Río Grande.

Según denunciaron familiares de los internos, antes del traslado habían advertido que los detenidos podían correr peligro si eran alojados en el pabellón B, debido a conflictos previos con allegados de otros presos. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario indicaron que los propios detenidos firmaron su conformidad para ingresar a ese sector.

Horas después del ingreso, un grupo de internos irrumpió en la celda donde estaban alojados los tres detenidos y les propinó una feroz golpiza. Como consecuencia del ataque, sufrieron fracturas de maxilar, tabique nasal y múltiples lesiones de consideración.

Los heridos debieron ser trasladados al Hospital Regional Río Grande y posteriormente derivados a dependencias penitenciarias de Ushuaia, donde permanecen alojados bajo medidas de resguardo para preservar su integridad física. Fuentes judiciales confirmaron que los tres se encuentran fuera de peligro.

Si bien los internos agredidos se negaron a identificar o denunciar a los atacantes, la Justicia inició de oficio una causa por “lesiones graves”, con intervención de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción Nº 3.

En paralelo, los familiares de los Burgoa se presentaron ante la sede judicial para denunciar presuntas irregularidades y una posible inacción por parte de las autoridades penitenciarias, al considerar que el ataque pudo haberse evitado.

De acuerdo a lo expuesto en la denuncia, los familiares sostienen que el Servicio Penitenciario conocía los riesgos existentes y aun así permitió el ingreso de los detenidos al pabellón donde finalmente fueron atacados.

La Justicia ya solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la unidad carcelaria con el objetivo de identificar a los responsables de la agresión y determinar si existió responsabilidad o negligencia por parte del personal penitenciario.

Además, trascendió que la jueza interviniente desconocía inicialmente el traslado de los detenidos a Ushuaia, pese a que antes del jueves deberá resolver la situación procesal de los implicados tanto en la causa original como en esta nueva investigación por lesiones graves.