“Hay demasiadas irregularidades”: Barcesat denunció posible fraude en la licitación de la Hidrovía

En diálogo con FM Del Pueblo, el abogado sostuvo que la situación reviste una enorme gravedad institucional, ambiental y geopolítica, y confirmó que existen cuatro denuncias radicadas ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que ya intervino anteriormente en procesos similares y que incluso logró frenar licitaciones por incumplimientos legales.

Barcesat explicó que una de las principales irregularidades detectadas tiene que ver con la inexistencia de estudios de impacto ambiental obligatorios para una obra de semejante magnitud, especialmente por tratarse de una intervención directa sobre el río Paraná, sus humedales y toda la región ribereña.

“El problema ambiental es gigantesco. No se sabe qué harán con el lodo removido del fondo del río ni cuáles serán las consecuencias sobre humedales, tomas de agua, cloacas y las poblaciones costeras”, advirtió.

Sospechas sobre un informe atribuido a Naciones Unidas

Uno de los puntos más delicados mencionados durante la entrevista tiene relación con un supuesto informe técnico atribuido a la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, utilizado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para respaldar técnicamente el proceso licitatorio.

Según explicó el constitucionalista, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó formalmente a Naciones Unidas que confirme si ese documento realmente pertenece a especialistas del organismo internacional o si se trata de una falsificación.

“La Administración de Puertos presentó un informe de 112 páginas diciendo que contaba con aval internacional, pero cuando la PIA pidió documentación respaldatoria solo apareció un resumen ejecutivo de dos páginas que no tiene nada que ver con el contenido del documento original”, sostuvo.

Barcesat señaló además que el informe contiene supuestas firmas de especialistas sin aclaración de identidad, currículum ni antecedentes técnicos.

“Las firmas parecen fotocopiadas. No hay explicación de quiénes son los expertos que elaboraron semejantes recomendaciones”, afirmó.

El abogado remarcó que el documento incluso se permite recomendar qué empresas europeas podrían realizar las tareas de dragado y cuáles no estarían en condiciones de hacerlo, algo que consideró “absolutamente impropio” de un organismo internacional como la UNCTAD.

“Podría tratarse de un fraude”

A lo largo de la entrevista, Barcesat dejó entrever que las irregularidades podrían configurar delitos graves.

“Hay demasiadas rarezas. La negativa de la Administración de Puertos a entregar el informe completo a la PIA genera aún más sospechas. Algo debe contener para que exista semejante encubrimiento”, manifestó.

El constitucionalista sostuvo que el organismo encargado de controlar la legalidad administrativa ya intervino dos veces en procesos licitatorios anteriores vinculados a la Hidrovía y que sus dictámenes tienen enorme peso jurídico frente a eventuales resoluciones judiciales.

“Queremos creer que la Procuraduría actuará conforme a su prestigio profesional y dispondrá lo que corresponda frente a este proceso licitatorio plagado de irregularidades”, expresó.

El Canal Magdalena y la disputa geopolítica

Barcesat también vinculó el conflicto con una disputa geopolítica más amplia relacionada con el control de las exportaciones argentinas y la soberanía logística del país.

En ese sentido defendió el desarrollo del Canal Magdalena como salida natural hacia el Atlántico y cuestionó el modelo actual que obliga a gran parte de las embarcaciones a desviarse hacia el puerto de Montevideo.

“Tal como está planteado el pliego, los barcos terminan utilizando el canal Punta Indio y derivando al puerto de Montevideo. Eso significa perder control sobre la carga argentina, sobre qué se exporta y en qué cantidad”, afirmó.

El abogado sostuvo que el Canal Magdalena permitiría fortalecer los puertos nacionales y recuperar capacidad estratégica sobre el comercio exterior argentino.

Además advirtió que el proyecto impulsado por Nación podría terminar afectando el desarrollo futuro de esa vía navegable.

“Se pretende profundizar el Paraná a 40 o 42 pies cuando muchos técnicos sostienen que el nivel razonable sería de 14 pies. Esto incluso podría terminar llenando de lodo el Canal Magdalena”, señaló.

Para Barcesat, detrás de la discusión técnica existe una disputa central sobre soberanía económica y territorial.

“Estamos hablando de favorecer el desarrollo del litoral atlántico argentino y de consolidar una salida propia al océano sin depender de intereses extranjeros”, indicó.

Críticas al Gobierno fueguino y al conflicto por el puerto de Ushuaia

Durante la entrevista, Barcesat también abordó la situación de Tierra del Fuego y cuestionó duramente la intervención sobre el puerto de Ushuaia por parte de la Administración Nacional de Puertos y Vías Navegables.

“El puerto de Ushuaia pertenece a la provincia y no existe ningún motivo aparente para semejante intervención”, aseguró.

El constitucionalista vinculó el tema con una serie de decisiones que, según afirmó, debilitan la soberanía argentina en el Atlántico Sur y en el territorio fueguino.

Entre otros puntos mencionó los acuerdos Madrid I y Madrid II, el acuerdo Mondino-Lammy, la instalación de radares en Tolhuin y las versiones sobre futuras bases militares extranjeras en la región.

“Estamos descuidando nuestra soberanía territorial y nuestros recursos naturales. Eso es gravísimo”, advirtió.

“Tierra del Fuego debería ser la más interesada”

Barcesat reveló además que en varias oportunidades propuso a autoridades fueguinas avanzar con legislación específica para proteger los recursos naturales provinciales frente al endeudamiento externo nacional.

Según explicó, las riquezas naturales de las provincias estarían indirectamente comprometidas como garantía del pago de la deuda externa, pese a que las jurisdicciones nunca prestaron conformidad formal para ello.

“Algunas provincias entendieron rápidamente la gravedad del tema y avanzaron con medidas de resguardo. Tierra del Fuego, que debería ser la más interesada por su importancia estratégica, no hizo nada”, cuestionó.

También criticó el proceso de reforma constitucional impulsado en la provincia y cuestionó la participación de especialistas que —según dijo— minimizan el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

Cuestionamientos judiciales

Sobre la acción iniciada por la provincia contra la intervención del puerto de Ushuaia, Barcesat sostuvo que el Gobierno fueguino cometió un “inexcusable error jurídico”.

Explicó que la provincia presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante un juzgado de primera instancia cuando el planteo debía tramitar directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Todos sabemos que los conflictos entre una provincia y el Estado nacional corresponden a la competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema”, afirmó.

Según indicó, el propio juez que recibió la presentación ya advirtió que la causa debía elevarse al máximo tribunal.

Quiénes impulsan la presentación

La presentación para reclamar la suspensión del proceso licitatorio de la Hidrovía fue impulsada por Barcesat junto al ex senador y ex ministro de Defensa Jorge Taiana.

El documento también fue acompañado por distintas personalidades del ámbito político, jurídico y académico, entre ellos Carlos Del Frade, Mempo Giardinelli, José María Lojo, Jorge Cholvis, Sebastián Premici, Horacio Muñoz de Toro, Miguel Rodríguez Villafañez, Feliciano Ramos, César Lerena y Graciela Vialet.

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno nacional informara oficialmente a las empresas oferentes que había finalizado la etapa de evaluación técnica de la licitación para la vía navegable troncal del Paraná.