“Sin independencia judicial no hay democracia posible”

El documento, fechado el 14 de mayo de 2026, advierte que en una democracia republicana las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, recurridas o debatidas a través de los mecanismos constitucionales y procesales previstos por la ley. Sin embargo, remarcan que “lo que no puede naturalizarse es el agravio público, la descalificación política ni las insinuaciones sobre eventuales ‘consecuencias’ dirigidas hacia una juez que aún no ha resuelto la cuestión sometida a su decisión”.
Las organizaciones señalaron que resulta particularmente grave que este tipo de manifestaciones provengan de un integrante del Consejo de la Magistratura, ya que exceden la legítima crítica jurídica y pueden interpretarse como una forma de presión institucional incompatible con el principio republicano de división de poderes y con la autonomía que debe resguardar el ejercicio de la función jurisdiccional.
En otro tramo del comunicado, se enfatiza que la independencia judicial “no existe para proteger personas, nombres propios ni fallos determinados. Existe para garantizar que jueces y juezas puedan decidir con libertad, sin condicionamientos políticos ni institucionales provenientes del poder de turno”. Asimismo, se rechaza la idea de que el control judicial constituya un obstáculo para la democracia o la voluntad popular, recordando que el sistema republicano se sostiene en el equilibrio entre poderes y en el sometimiento de todos los actos del Estado al control de constitucionalidad y legalidad.
Finalmente, tanto la AMyF como la UEJN reafirmaron su compromiso con la defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y el respeto institucional, en un contexto de tensión política que vuelve a poner en debate los límites entre la crítica política y la preservación de la autonomía judicial en Tierra del Fuego.