Sospechas de venta de certificados en la Policía: auditorías detectaron cifras alarmantes

El informe elaborado por el área de Bienestar Policial analizó las licencias otorgadas entre septiembre y diciembre de 2024 y expuso números que generaron alarma entre las autoridades. Durante ese período se registraron 1.635 licencias médicas, de las cuales 945 correspondieron a enfermedades comunes.

Sin embargo, el dato que más preocupación provocó fue la cantidad de certificados firmados por un solo médico. Según trascendió, el doctor Hernán Pablo Aceri emitió 499 certificados en apenas cuatro meses, es decir, más de la mitad del total vinculado a enfermedades comunes dentro de la institución policial.

La diferencia con el resto de los profesionales llamó aún más la atención de los investigadores. La segunda médica con mayor cantidad de certificados firmó 192 licencias, mientras que el tercer profesional apenas alcanzó 37 certificados en el mismo período.

Las auditorías internas no solo detectaron la concentración de documentación médica en un único profesional, sino también un comportamiento reiterado en las ausencias del personal. De acuerdo a los informes, el ausentismo aumentaba considerablemente durante fines de semana y feriados, especialmente en diciembre, una época sensible para la cobertura operativa y la seguridad pública.

Frente a esta situación, la División Bienestar de la Policía Provincial emitió una circular interna dirigida al personal policial y civil de la Zona Norte en la que informó que dejarán de recibirse certificados médicos firmados por Aceri debido a “inconsistencias técnicas detectadas en recientes auditorías” y por la existencia de actuaciones administrativas en curso.

Dentro de la fuerza, el caso ya es considerado uno de los más delicados de los últimos años. Las sospechas apuntan a la posible existencia de un mecanismo sistemático de emisión irregular de certificados médicos destinados a justificar faltas injustificadas y evitar descuentos salariales o sanciones administrativas.

Además del impacto económico para el Estado provincial, las autoridades reconocen que el elevado nivel de licencias habría generado complicaciones operativas en distintas dependencias policiales, afectando la disponibilidad de efectivos en las calles.

Ahora, las investigaciones buscan determinar si existió una maniobra organizada detrás de la emisión masiva de certificados y si podrían configurarse responsabilidades administrativas, profesionales o incluso penales.

En paralelo, también comenzaron a surgir cuestionamientos internos sobre los mecanismos de control de la institución y cómo pudo sostenerse durante meses semejante volumen de certificados concentrados en un solo profesional sin que se activaran alertas previas.

Mientras avanzan las actuaciones administrativas y posibles derivaciones judiciales, el caso ya genera fuerte repercusión dentro del ámbito policial y sanitario fueguino.