por Redacción Del Pueblo
El ministro coordinador de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, cuestionó duramente la intervención de la Justicia electoral en el proceso de reforma constitucional y ratificó que el Gobierno provincial avanzará con el veto a la derogación de la ley que habilitó la convocatoria a elecciones constituyentes.
“Me llamó muchísimo la atención el comunicado. Pensé que iba a ser una solidaridad con la doctora Guerrero por el rechazo del Superior Tribunal de Justicia a su designación, pero terminó siendo una respuesta a declaraciones políticas de un funcionario”, expresó el ministro.
Canals defendió sus críticas a la jueza electoral y aseguró que el juzgado debió emitir el cronograma electoral “hace varios días”, en lugar de remitir actuaciones a la Fiscalía. “No había motivo jurídico para hacerlo. La ley que derogó la Legislatura todavía no estaba vigente porque el Ejecutivo estaba dentro de los plazos legales para vetarla”, argumentó.
El funcionario insistió en que el proceso electoral ya se encuentra en marcha desde que el gobernador firmó el decreto de convocatoria el pasado 29 de abril. Según explicó, la ley 1529 ya cumplió su objetivo al declarar la necesidad de la reforma constitucional y ordenar al Ejecutivo convocar a elecciones.
“La ley está agotada. Ya fue ejecutada. Es como querer derogar hoy un presupuesto que ya se aplicó”, comparó.
Además, recordó que la constitucionalidad de la convocatoria ya había sido discutida judicialmente durante 2024, proceso que culminó con un fallo firme del Superior Tribunal de Justicia. “Hubo un año entero de judicialización y la Corte Suprema solo tiene una queja presentada que no suspende plazos”, indicó.
En ese marco, Canals consideró que la demora en publicar el cronograma electoral responde a una estrategia para “dilatar” el proceso constituyente. “El Poder Judicial sabe mucho de eso: estirar plazos, pedir intervenciones innecesarias. Eso es lo que distancia a la Justicia de la sociedad”, lanzó.
El ministro confirmó que durante la jornada ingresará formalmente el veto del Ejecutivo a la Legislatura y afirmó que esa decisión “subsanará el 80%” de los argumentos planteados por la jueza electoral.
“Entendemos que con el veto ya no habrá excusas y el juzgado tendrá que emitir el cronograma electoral. El 9 de agosto tiene que haber elecciones en Tierra del Fuego”, afirmó.
Canals también vinculó la demora judicial con consecuencias políticas directas para los partidos. “Los más perjudicados son los partidos políticos porque necesitan organizar internas, congresos y definir estrategias electorales. Cuanto más se dilata el cronograma, más se complica todo el sistema institucional”, sostuvo.
Durante la entrevista, el ministro coincidió además con declaraciones del senador mandato cumplido Pablo Blanco, quien había calificado la situación como un “zafarrancho institucional”. Sin embargo, evitó afirmar que exista un acuerdo entre sectores de la Justicia y la Legislatura para perjudicar al Gobierno provincial.
“No tengo elementos para decir eso, aunque hay cuestiones que llaman mucho la atención. Hay decisiones políticas y judiciales que parecen apuntar a asfixiar al Ejecutivo”, señaló.
Por último, Canals reiteró que el Gobierno actuó “de buena fe”, respetando la ley aprobada por mayoría agravada en la Legislatura y cumpliendo con las facultades constitucionales del Ejecutivo.
“No hay ninguna maniobra rara. Lo que hay es una convocatoria democrática para discutir la reforma de la Constitución. No entiendo cuál es el miedo a que la gente vote”, concluyó.