La decisión quedó plasmada en un decreto mediante el cual el mandatario rechazó la derogación de la Ley Provincial Nº 1529, norma que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución fueguina y habilitó el proceso constituyente en la provincia.
En el artículo primero del decreto, el Ejecutivo dispone “vetar totalmente” el proyecto sancionado durante la sesión ordinaria del pasado 30 de abril, ratificando así la continuidad del camino hacia la reforma constitucional.
Además, el documento establece que la iniciativa será remitida nuevamente a la Legislatura provincial, conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Constitución Provincial, que regula el mecanismo de insistencia legislativa frente a un veto del Poder Ejecutivo.
La oficialización de la medida se produjo luego de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete, Jorge Canals, quien ya había anticipado que el Gobierno provincial avanzaría con el veto ante la aprobación legislativa que buscaba frenar el proceso constituyente.
El conflicto político e institucional en torno a la reforma constitucional suma así un nuevo capítulo, en medio de fuertes cruces entre distintos sectores políticos y judiciales sobre la legalidad y el alcance de la convocatoria para modificar la Carta Magna fueguina.
Desde el oficialismo sostienen que la Ley 1529 continúa plenamente vigente y que el proceso constituyente cuenta con respaldo legal y constitucional, mientras que sectores opositores insisten en cuestionar tanto la oportunidad política como la validez jurídica de la reforma impulsada por el Ejecutivo provincial.