Reforma constitucional: la Justicia Electoral deberá definir si continúan las elecciones de convencionales

La definición vuelve a colocar a la Justicia Electoral en el centro de una fuerte crisis institucional que enfrenta al Poder Ejecutivo encabezado por Gustavo Melella con sectores de la oposición legislativa que intentan frenar la reforma constitucional impulsada por el oficialismo.

El Gobierno provincial había formalizado semanas atrás el llamado a elecciones mediante el Decreto Provincial N° 751/2026, con el objetivo de elegir 15 convencionales titulares y 8 suplentes encargados de debatir una reforma parcial de la Carta Magna fueguina. Sin embargo, el proceso quedó envuelto en una controversia política luego de que bloques opositores aprobaran en la Legislatura un proyecto para derogar la Ley Provincial N° 1529, norma que declaró la necesidad de la reforma constitucional.

Ante esa situación, el gobernador Gustavo Melella vetó la ley aprobada por la Legislatura, argumentando que el proceso electoral ya había sido puesto en marcha y no podía ser interrumpido. En paralelo, la jueza electoral Mariel Zanini había decidido días atrás frenar la emisión del cronograma electoral al considerar que avanzar en medio del conflicto institucional no aportaba “certeza ni seguridad jurídica”.

En la resolución conocida este miércoles, el fiscal Arias remarcó que la competencia para resolver sobre el cronograma electoral corresponde al Juzgado Electoral Provincial, dejando en manos de la magistrada la decisión final sobre la continuidad del proceso. El dictamen sostiene que la Justicia Electoral tiene competencia y jurisdicción para “conocer y decidir” sobre las cuestiones vinculadas al procedimiento electoral en curso.

Además, el fiscal indicó que el Ministerio Público Fiscal debe mantener “máxima prudencia” respecto de cuestiones de naturaleza política e institucional, recordando que los tribunales no deben intervenir sobre la “conveniencia, eficacia, acierto u oportunidad” de las decisiones legislativas o ejecutivas, salvo que exista una afectación concreta de derechos o garantías constitucionales.

En otro tramo del documento, Arias aclaró que la existencia de recursos judiciales pendientes no implica automáticamente la suspensión del proceso y sostuvo que la jueza puede adoptar las medidas que considere necesarias para “brindar certeza y claridad al electorado”.

Tras la opinión del fiscal, todas las miradas quedaron puestas en la resolución que adopte la jueza Mariel Zanini en las próximas horas. La magistrada deberá definir si el proceso electoral continúa rumbo a los comicios del 9 de agosto o si mantiene frenado el cronograma hasta que se resuelvan los distintos planteos políticos y judiciales que atraviesan la convocatoria.