Pero la discusión no termina ahí.
El proyecto cambia la lógica del subsidio. Actualmente el descuento alcanza gran parte de la factura de gas. Con la reforma, el beneficio podría aplicarse solamente sobre el valor del gas en origen, dejando afuera transporte y distribución.
¿Y esto qué significa para la Patagonia?
Que aun manteniendo el régimen, las facturas podrían aumentar considerablemente en ciudades donde el costo de distribución es alto y el consumo no es un lujo, sino una necesidad básica para vivir.
En localidades como Tolhuin esto impacta aún más:
Clima frío gran parte del año
Altos niveles de consumo
Costos logísticos elevados
Crecimiento urbano constante
Comercios y familias que dependen de la calefacción para sostener su actividad cotidiana
Desde el Municipio de Tolhuin hemos realizado importantes inversiones en infraestructura de gas, ampliando redes y acompañando el crecimiento de la ciudad con una mirada puesta en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Cada conexión de gas significa menos familias dependiendo del GLP, reducción del uso de la leña, más seguridad, más dignidad y mejores condiciones para atravesar nuestros inviernos.
Por eso preocupa que, mientras los municipios hacemos enormes esfuerzos económicos para acercar servicios esenciales y reducir desigualdades, decisiones nacionales puedan terminar generando un impacto negativo directo sobre las economías familiares.
Acá también aparecen dos formas distintas de entender el equilibrio fiscal y el rol del Estado.
Una mirada que entiende al equilibrio únicamente desde una planilla de ajuste.
Y otra que comprende que el desarrollo, el arraigo y la igualdad de oportunidades también requieren inversión pública, presencia territorial y sensibilidad con las realidades de cada región.
La calefacción en Tierra del Fuego no puede analizarse con la misma lógica que en otras regiones del país.
Acá no hablamos de confort.
Hablamos de condiciones de vida.
También preocupa que el nuevo esquema deje de garantizar por ley porcentajes concretos de descuento, otorgando mayores facultades al Poder Ejecutivo Nacional para definir el alcance de los subsidios.
Por eso el debate no es solamente técnico o fiscal. Es una discusión sobre equidad territorial, arraigo y federalismo.
Las provincias productoras de energía y las regiones más australes necesitan políticas que contemplen sus realidades estructurales.
Todavía resta el tratamiento en el Senado.
Esperamos que allí pueda darse una discusión profunda, responsable y verdaderamente federal sobre el impacto que estas decisiones tienen en millones de argentinos y especialmente en quienes habitamos la Patagonia.