por Redacción Del Pueblo
La legisladora provincial Victoria Vuoto respaldó la decisión de la Legislatura de insistir con las leyes vetadas por el gobernador Gustavo Melella y sostuvo que la provincia atraviesa una situación económica y financiera “muy grave”, por lo que consideró que “no es momento” para avanzar con una reforma constitucional.
En diálogo con FM del Pueblo, la parlamentaria del Partido Justicialista analizó la sesión legislativa del viernes, en la que se trataron los vetos impuestos por el Ejecutivo sobre la totalidad de las leyes sancionadas en la última sesión ordinaria.
“Tuvimos una sesión con un volumen político importante porque el gobernador había decidido vetar todas las leyes que habíamos sancionado. Es una decisión muy extraña y poco usual”, expresó.
Vuoto explicó que uno de los principales puntos debatidos fue la insistencia sobre la derogación de la ley que habilitaba el proceso de reforma constitucional, iniciativa que volvió a reunir el apoyo de 11 legisladores.
“Creemos que no es tiempo de este debate y que lo que se propone discutir en nada va a modificar la realidad de nuestra gente frente a las distintas problemáticas urgentes que tiene la provincia”, afirmó.
La legisladora enumeró una serie de problemas estructurales que, según sostuvo, deberían ocupar la agenda central del Gobierno provincial.
“Tenemos la caja de la Policía quebrada, la obra social estallada, el puerto intervenido, la salud deteriorada y la educación atravesando graves falencias de infraestructura y discusiones salariales”, señaló.
En ese contexto, cuestionó que el Ejecutivo impulse un proceso de reforma constitucional cuando, a su entender, la provincia atraviesa un escenario financiero delicado.
Vuoto reveló que Tierra del Fuego recibe actualmente entre 20 y 27 mil millones de pesos mensuales de adelantos de coparticipación nacional para poder afrontar el pago de salarios estatales.
Además, advirtió sobre un convenio remitido a la Legislatura que contempla un nuevo adelanto de fondos por parte de Nación.
“La Nación le adelantó 80 mil millones de pesos al Gobierno provincial y parte de esos recursos se utilizarán para cancelar deudas anteriores. Estamos tomando deuda para cancelar deuda”, indicó.
Según explicó, el convenio establece que a partir de septiembre la provincia deberá comenzar a devolver esos recursos en cuotas cercanas a los 23 mil millones de pesos mensuales.
“La cuenta es simple: a los 27 mil millones que hoy faltan para salarios hay que sumarle la devolución de esos adelantos. Estamos hablando de un agujero financiero cercano a los 50 mil millones de pesos por mes hacia fin de año”, alertó.
Frente a este panorama, Vuoto insistió en la necesidad de abrir una instancia amplia de diálogo político e institucional.
“Desde febrero vengo planteando que el gobernador debería convocar a legisladores, intendentes, partidos políticos, cámaras empresariales y sindicatos para conformar un gran Consejo Económico y Social de Crisis”, sostuvo.
La parlamentaria consideró que el contexto actual obliga a discutir medidas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera de la provincia durante los próximos meses.
“No podemos seguir mirando para otro lado mientras la provincia depende todos los meses de adelantos nacionales para pagar salarios”, remarcó.
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la denominada “ley de goteo”, que establece la remisión diaria de fondos coparticipables a los municipios y que también fue vetada por el Ejecutivo.
Vuoto rechazó de manera contundente los argumentos esgrimidos por el Gobierno provincial y aseguró que el dictamen jurídico que acompañó el veto presenta graves inconsistencias.
“El dictamen tiene citas de fallos y resoluciones plenarias que no existen. Fuimos a las fuentes y esas citas no aparecen”, afirmó.
Para la legisladora, esa situación “vacía de contenido” el argumento oficial y pone en duda la validez del veto.
“El Ejecutivo sostiene que la Legislatura invade competencias administrativas al definir cómo deben remitirse los fondos, pero eso es falso. Los legisladores tenemos facultades constitucionales para establecer cómo se distribuyen los recursos y cómo se organiza financieramente la provincia”, explicó.
Vuoto recordó además que en 2007 la remisión diaria de fondos a los municipios ya se realizaba, pese a las limitaciones tecnológicas de aquella época.
“En ese momento trabajábamos con facturas en papel, expedientes físicos y sistemas manuales. Aun así, se enviaban los recursos diariamente”, señaló.
Y agregó: “Hoy, con toda la digitalización y automatización existente, decir que no se puede hacer es simplemente una excusa”.
En ese sentido, consideró que el verdadero problema es que el Gobierno provincial utiliza temporalmente recursos que pertenecen a los municipios.
“Implícitamente están reconociendo que usan fondos ajenos. Y eso es grave”, afirmó.
La legisladora explicó que la ley de goteo busca brindar herramientas legales claras a los municipios para reclamar los recursos que les corresponden.
“La norma prevé intereses por mora, multas y mecanismos de ejecución de deuda. Lo que hace es institucionalizar las herramientas de defensa que tienen los municipios”, indicó.
Según detalló, la ausencia de una ley específica generó históricamente conflictos políticos y judiciales en la provincia.
“Cuando no hay reglas claras, terminan apareciendo denuncias penales o pedidos de juicio político. Lo que necesitan los municipios es cobrar lo que les corresponde”, sostuvo.
Vuoto recordó incluso que el actual legislador Federico Sciurano, cuando era intendente de Ushuaia, denunció penalmente a la entonces gobernadora Fabiana Ríos por conflictos vinculados a la remisión de fondos.
Respecto al anuncio del gobernador Melella de judicializar la derogación de la ley de reforma constitucional, Vuoto lamentó que el Ejecutivo no haya priorizado el diálogo político.
“El gobernador no tuvo la misma actitud que tuvimos nosotros. Nosotros aceptamos abrir instancias de diálogo con los municipios por la coparticipación”, expresó.
La legisladora aseguró además que nunca existió una convocatoria formal del Ejecutivo para discutir previamente los vetos con los bloques legislativos.
“Nunca hubo una convocatoria al diálogo con los legisladores antes de vetar todas las leyes”, cuestionó.
Sin embargo, aclaró que desde el Parlamento existe predisposición para construir consensos.
“Si el gobernador convoca al diálogo, vamos a estar. Ninguno de nosotros se niega a dialogar”, afirmó.
Finalmente, Vuoto sostuvo que la insistencia legislativa sobre la derogación de la reforma constitucional marca el cierre de una etapa política.
“La Legislatura dio un mensaje claro y contundente. Hay que dar vuelta la página y enfocarse en resolver los problemas reales que hoy tiene la provincia”, concluyó.