Arroyo cuestionó con dureza el fallo de Zanini, habló de un “trasfondo político”

La secretaria de Coordinación Legal y Técnica del Gobierno de Tierra del Fuego, Mariángeles Arroyo, cuestionó duramente el fallo emitido por la jueza Cecilia Zanini en relación con la Ley 1529, confirmó que el Ejecutivo provincial avanzará con una apelación judicial y sostuvo que, más allá del contenido formal de la resolución, existen elementos políticos detrás de la decisión judicial.
En una entrevista concedida a FM La Isla, la funcionaria dejó en claro que el Gobierno provincial rechaza tanto la sentencia como la insistencia legislativa vinculada a la aprobación de la norma y adelantó que actualmente se encuentra en análisis la estrategia jurídica que se desplegará en los próximos días.
“Nosotros estamos analizando el fallo y evaluando qué estrategia legal seguimos. Por supuesto, no estamos de acuerdo ni con el fallo ni con la insistencia de la aprobación de la ley”, afirmó Arroyo.
La secretaria sostuvo que desde el Ejecutivo consideran que la resolución judicial presenta serios problemas tanto desde el punto de vista institucional como jurídico.
“Entendemos que no es correcto, no es correcto ni jurídicamente ni institucionalmente”, enfatizó.
Si bien evitó brindar precisiones sobre el contenido de la estrategia judicial que adoptará la Provincia, Arroyo confirmó que el camino elegido será recurrir formalmente el fallo dentro de los plazos legales establecidos.
“Sí, y te lo puedo decir porque más allá de que el análisis lo estamos haciendo a partir de los argumentos, estamos trabajando en eso”, señaló cuando fue consultada sobre la apelación.
En ese sentido, explicó que “el Gobierno provincial ya fue oficialmente notificado de la resolución y que a partir de esa instancia comenzaron a correr los plazos procesales, son cinco días hábiles y nos notificaron el día de hoy”, precisó.
La funcionaria aclaró además que, aunque el fallo tomó estado público previamente, la notificación formal al Ejecutivo provincial recién se produjo durante la jornada de este jueves.
“Lo subieron ayer, pero la Provincia recibió hoy la notificación”, indicó.
Durante la entrevista, Arroyo también respondió a las interpretaciones que surgieron alrededor del fallo y particularmente sobre la lectura política que distintos sectores comenzaron a hacer respecto a la resolución de Zanini.

Consultada sobre si el Gobierno considera que se trata de un fallo político o estrictamente jurídico, la secretaria realizó una diferenciación entre el contenido formal del texto y el contexto temporal en el que avanzó el expediente.
“No, es correcto lo que decís, no en su texto”, respondió inicialmente respecto a que la sentencia no contiene expresiones políticas explícitas.
Sin embargo, inmediatamente después sostuvo que el contexto y los tiempos procesales revelan otra lectura posible sobre el trasfondo de la decisión.
“Pero sí, si ponemos atención a los tiempos, sí lo hace”, afirmó.
Para Arroyo, existen elementos que generan sospechas respecto a la demora con la que se resolvió el expediente y al momento elegido para emitir el fallo.
“Hace un mes que esta evaluación debería haberse hecho, pero no se hizo en ese tiempo”, cuestionó.
La funcionaria recordó que “previamente la jueza había realizado consultas al Ministerio Público Fiscal y que dichas respuestas ya estaban incorporadas al expediente desde hacía varios días antes de que finalmente se emitiera la resolución”.
“Se consultó al Ministerio Público Fiscal, el Ministerio respondió las dos consultas que tenía la jueza y después demoramos diez días más en emitir ese fallo”, señaló.
En función de eso, sostuvo que “aunque la dimensión política no aparezca explícitamente escrita dentro de la resolución judicial, sí puede advertirse en el modo y en los tiempos en que se desarrolló el proceso”.
“La verdad que, si no lo tiene escrito, sí en los tiempos en que ha sucedido y en que ha transcurrido el expediente de las elecciones, sin duda es político”, disparó.
Uno de los principales puntos de discusión jurídica gira en torno al cómputo de los plazos vinculados al fallo y particularmente al período de 210 días que forman parte de la controversia legal.
En ese aspecto, Arroyo explicó que desde el Gobierno provincial existe una interpretación completamente distinta a la que sostuvo la magistrada al sostener que “el fallo no dice que los plazos están vencidos, sino que no están cumplidos esos 210 días que todavía no comenzaron a correr”, explicó.
No obstante, remarcó que “el Ejecutivo no comparte esa lectura y defendió la interpretación oficial sobre cuándo comenzó efectivamente a computarse ese plazo”.
“Nosotros no estamos de acuerdo con esto, entendemos que el fallo quedó firme al momento de la denegación del REF, que es lo que dice el acto administrativo”, sostuvo.
Y agregó que “desde ese día nosotros comenzamos a contar el plazo de los 210 días”.
Durante la entrevista, Arroyo evitó profundizar sobre los argumentos técnicos que sostendrán la apelación, aunque dejó en claro que el Gobierno provincial ya trabaja activamente en la elaboración de la presentación judicial.
“No voy a poder adelantarte la estrategia”, insistió varias veces ante las consultas periodísticas.
Aun así, la secretaria ratificó que el Ejecutivo considera equivocada la interpretación judicial respecto a la nulidad del acto administrativo y al estado procesal del expediente.
“En realidad se basa más en el fallo del Superior Tribunal objetando la nulidad del acto administrativo, nosotros no estamos de acuerdo”, manifestó.
La entrevista también dejó expuesto el complejo escenario institucional y judicial que rodea actualmente el expediente y las distintas interpretaciones existentes respecto al alcance de la resolución de Zanini y las futuras intervenciones que podrían producirse tanto en el ámbito provincial como eventualmente en la Corte Suprema de Justicia.
En ese marco, Arroyo optó por mantener cautela respecto a los próximos pasos procesales, aunque dejó en claro que el Gobierno provincial agotará las herramientas legales disponibles para cuestionar la resolución.
“Estamos evaluando cómo seguimos y qué estrategia vamos a tomar”, reiteró.
Mientras tanto, con la notificación oficial ya concretada, comenzó formalmente la cuenta regresiva para la presentación de la apelación provincial, en un conflicto judicial e institucional que promete seguir escalando en los próximos días y que ya se encuentra atravesado por fuertes tensiones políticas y jurídicas.