por Redacción Del Pueblo
La edil explicó que el Concejo Deliberante avanzó en una modificación y armonización de la normativa vigente sobre tierras fiscales, incorporando nuevos criterios administrativos y también un esquema de convenio público-privado destinado a la generación de lotes con servicios.
“Este proyecto viene a ofrecer una solución más al tema habitacional que hay no solo en nuestra ciudad, sino también en toda la provincia”, expresó.
Arce sostuvo que la problemática del acceso a la tierra y a la vivienda se profundizó en los últimos años y remarcó que desde el inicio de la gestión del intendente Martín Pérez se impulsó una política orientada al ordenamiento territorial y a la recuperación del Banco de Tierras municipal.
“Cuando ingresó el intendente Martín Pérez, el Banco de Tierras no tenía tierras disponibles. Había muchísimos vecinos anotados esperando una solución y no existían terrenos para adjudicar”, recordó.
En ese sentido, destacó el trabajo realizado por la Subsecretaría de Hábitat, área que —según señaló— fue fortalecida durante esta gestión municipal para abordar específicamente la problemática habitacional.
“Hace varios años no existía esta subsecretaría. Se puso en valor el trabajo del área y una de las líneas centrales fue justamente el acceso a la tierra y el ordenamiento territorial de Río Grande”, afirmó.
La concejal indicó que, a lo largo de los últimos años, más de 350 vecinos pudieron acceder a terrenos fiscales mediante distintos programas municipales de adjudicación.
Sin embargo, reconoció que la actual situación económica dificulta que muchas familias puedan avanzar con la construcción de sus viviendas.
“Muchos vecinos fueron adjudicados, pero hoy no están pudiendo construir. Y eso tiene consecuencias porque la normativa establece plazos para iniciar las obras”, explicó.
Arce recordó que uno de los requisitos vigentes fija un plazo de dos años para comenzar la construcción luego de la adjudicación del terreno. Cuando eso no sucede, el Municipio debe iniciar procesos administrativos de recupero de tierras.
“Hoy la situación económica del país, de la provincia y de la ciudad hace muy difícil construir. Y el área de Hábitat tiene que avanzar muchas veces con recuperos de tierras, que también llevan tiempo”, señaló.
Uno de los puntos principales de la nueva ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante tiene que ver con la reorganización administrativa del registro de demanda habitacional.
Según detalló la edil, se establecieron plazos concretos para la actualización de expedientes y mecanismos de notificación para quienes no renueven la documentación requerida.
“Lo que hicimos fue armonizar requisitos que ya se venían solicitando desde la Subsecretaría de Hábitat. Por ejemplo, se estableció el plazo para renovar las carpetas y también un sistema de notificación antes de dar de baja un expediente”, indicó.
De acuerdo a lo explicado, si un vecino no actualiza su expediente durante un año, el Municipio deberá notificarlo y otorgarle un plazo adicional de un mes antes de proceder a la baja definitiva del trámite.
La concejal sostuvo que estas modificaciones buscan ordenar el registro de postulantes y transparentar el funcionamiento del sistema de adjudicación.
Otro de los aspectos centrales de la ordenanza aprobada está relacionado con la creación de un programa de acceso a lotes mediante un convenio público-privado.
Arce explicó que el proyecto contempla el desarrollo de alrededor de 400 lotes con servicios en la zona de Chacra 12, sobre el sector de Vuelta de Obligado y Punta Popper.
“Es un convenio público-privado entre el Municipio y los propietarios de la tierra para generar un loteo con servicios”, explicó.
La edil destacó que la iniciativa se asemeja al esquema implementado años atrás en San Martín Norte, donde vecinos pudieron acceder a terrenos mediante el pago de cuotas accesibles.
“Es muy parecido a lo que fue San Martín Norte. Se va a crear un programa para aquellos vecinos que estén en condiciones de afrontar una cuota y acceder a un terreno”, detalló.
Asimismo, aclaró que los valores de los terrenos y el monto de las cuotas serán definidos por el área de Hábitat municipal y aseguró que no tendrán los mismos costos que actualmente maneja el mercado inmobiliario privado.
“El valor del terreno y las cuotas lo va a determinar Hábitat. Pero claramente no va a ser el mismo valor que hoy se encuentra en el mercado”, sostuvo.
Durante la entrevista, Arce remarcó que existe un importante sector de vecinos que, si bien no puede acceder a un terreno mediante una operación inmobiliaria tradicional, sí podría afrontar el pago de cuotas más accesibles.
“Hoy hay personas que tienen un pequeño ahorro o que van juntando de a poco, pero no llegan a los valores que pide una inmobiliaria. Este programa puede transformarse en una alternativa concreta”, afirmó.
En ese sentido, defendió la necesidad de generar herramientas alternativas ante el retiro del Estado nacional en materia de obra pública y políticas habitacionales.
“Hace mucho tiempo venimos diciendo que el Gobierno nacional dejó de acompañar proyectos vinculados a viviendas o generación de suelo urbano. Entonces tenemos que pensar herramientas locales”, señaló.
La concejal sostuvo que este tipo de convenios no solo permitirán ampliar el acceso a tierras, sino también generar movimiento económico en la ciudad.
“Esto va a generar trabajo, movimiento económico y obras. No es solamente una solución habitacional, también implica desarrollo para Río Grande”, expresó.
Arce también brindó detalles sobre la magnitud de la demanda habitacional que actualmente existe en la ciudad.
Según indicó, hay alrededor de 6.000 vecinos inscriptos en el registro municipal de tierras, esperando acceder a una solución.
“Tenemos más de 6.000 vecinos anotados para poder ser adjudicatarios de terrenos municipales. Por eso es fundamental empezar a generar nuevas herramientas”, remarcó.
En ese marco, insistió en que el nuevo programa no reemplazará al sistema tradicional de adjudicación de tierras fiscales, sino que funcionará como una alternativa complementaria.
“Por un lado va a seguir el otorgamiento de tierras fiscales y, por otro lado, este nuevo programa para quienes estén en condiciones de pagar una cuota. Son dos herramientas distintas”, aclaró.
Finalmente, la concejal defendió el proyecto aprobado por el Concejo Deliberante y aseguró que el contexto actual obliga tanto al Ejecutivo municipal como al cuerpo legislativo a buscar nuevas soluciones.
“Hoy quienes tenemos responsabilidades de gestión y de legislar tenemos que pensar herramientas concretas para acompañar a los vecinos. No podemos quedarnos solamente en la crítica o en la queja. Necesitamos generar soluciones reales para Río Grande”, concluyó.