La sentencia fue dada a conocer al cierre del juicio oral y público que investigó a integrantes de la conducción gremial estatal por maniobras fraudulentas relacionadas con adjudicaciones habitacionales. La resolución judicial incluso superó el pedido de pena que había realizado la fiscalía durante los alegatos.
Junto a Córdoba también fue condenado Miguel Arana, y ambos quedaron detenidos inmediatamente tras finalizar la audiencia, por disposición del Tribunal.
La causa generó un fuerte impacto político y sindical en la provincia, debido a que involucra a una de las principales figuras gremiales de Tierra del Fuego y a hechos vinculados al acceso a viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).
De acuerdo a la investigación judicial, las maniobras consistían en promesas de adjudicación de viviendas a cambio de dinero, afectando a numerosas familias fueguinas que esperaban acceder a soluciones habitacionales.
La lectura de la sentencia se desarrolló en medio de una gran expectativa, tanto por parte de afiliados gremiales como de las personas damnificadas por las estafas denunciadas hace varios años.
Tras conocerse el fallo, efectivos policiales procedieron a la detención de Carlos Córdoba y Miguel Arana dentro del ámbito judicial, quedando ambos a disposición de la Justicia para el cumplimiento de la condena.
Se espera ahora que las defensas presenten recursos de apelación ante instancias superiores.