Carlos Córdoba y Miguel Arana comenzaron a cumplir sus condenas por estafas reiteradas

Luego del veredicto dictado por el Tribunal de Juicio de Ushuaia, Córdoba fue alojado en el pabellón 2 de la Alcaidía Central del Servicio Penitenciario Provincial, mientras que Arana fue destinado al pabellón 3 del mismo establecimiento. De esta manera, ambos iniciaron formalmente el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.

La causa investigó una serie de maniobras fraudulentas ocurridas en 2018, vinculadas al plan habitacional de las 182 Viviendas de Barrancas del Río Pipo. Durante el proceso judicial se acreditó que los condenados ofrecían lugares en supuestos listados de beneficiarios para acceder a viviendas del IPV, obteniendo dinero de al menos 22 personas que resultaron damnificadas.

Tras conocerse la condena y la inmediata detención de Córdoba y Arana, la conducción provincial de ATE difundió un comunicado en el que expresó su “acompañamiento, solidaridad y respaldo” al dirigente sindical. Desde el gremio manifestaron su desacuerdo con el fallo judicial, al considerar que la sentencia “no refleja integralmente la realidad de los hechos debatidos durante el proceso”.

En el documento, la organización sindical destacó la trayectoria de Córdoba al frente del gremio y sostuvo que la condena aún no se encuentra firme, por lo que adelantó que acompañará las instancias recursivas previstas por la legislación para intentar revertir la decisión judicial.

No obstante, la sentencia se produjo luego de un extenso proceso que incluyó la declaración de numerosas víctimas y el análisis de abundante prueba documental y testimonial. El Tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los hechos investigados y dispuso su inmediata detención una vez conocido el veredicto.

Uno de los puntos que más repercusión generó fue el tramo final del comunicado sindical, donde ATE responsabilizó al Gobierno provincial por cualquier situación que pudiera afectar “la integridad física, moral o institucional” de su secretario general durante el período de detención.

El caso se convirtió en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político y sindical de los últimos años en Tierra del Fuego, debido a la relevancia institucional de los condenados y al número de personas que denunciaron haber sido engañadas con falsas promesas de acceso a viviendas sociales. La defensa de Córdoba y Arana anticipó que recurrirá la sentencia ante instancias superiores.