por Redacción Del Pueblo
En declaraciones con este medio, el parlamentario fue categórico al describir la situación del organismo regional: “Es una vergüenza”, afirmó, al remarcar que se trata de una herramienta institucional que, si bien no tiene facultades legislativas vinculantes, cumple un rol clave en la articulación política de las provincias patagónicas.
En ese sentido, Lapadula insistió en la prolongada parálisis del espacio: “Hace casi tres años que no se reúne, no funciona”, sostuvo, al cuestionar la falta de convocatorias formales, la ausencia de sesiones y la pérdida de continuidad institucional en un ámbito creado justamente para el debate regional.
El legislador planteó que la inactividad del Parlamento Patagónico implica un retroceso en la capacidad de la región para posicionarse de manera conjunta frente a decisiones nacionales que impactan de forma directa en el sur argentino.
“Pareciera que ni siquiera quieren tener una voz que se exprese de manera institucional”, expresó, en relación a la falta de pronunciamientos unificados sobre temas sensibles como energía, tarifas, desarrollo productivo y políticas de inversión.
En ese marco, defendió la necesidad de fortalecer la cooperación interprovincial: “Es importante la cooperación permanente entre provincias que compartimos realidades, problemáticas y también oportunidades”, señaló, al destacar que la Patagonia comparte características geográficas, económicas y sociales que requieren respuestas coordinadas.
Lapadula también vinculó esta situación con el contexto político nacional, al señalar que las regiones periféricas suelen quedar relegadas en la toma de decisiones centrales, lo que refuerza —según su mirada— la necesidad de contar con espacios institucionales propios.
Uno de los ejes más fuertes de su intervención estuvo centrado en las modificaciones al régimen de subsidios energéticos y sus posibles consecuencias en la denominada zona fría, que abarca a gran parte de la Patagonia y zonas de clima extremo.
El legislador advirtió que los cambios no solo implican una revisión del alcance del beneficio, sino también una reestructuración del sistema de subsidios vigente: “Esta modificación que están haciendo no solo implica la reducción de zonas que estaban incluidas en el régimen, sino también cambiar el valor de los subsidios”, explicó.
En ese sentido, alertó por el impacto directo en los usuarios residenciales: “Lo vamos a ver reflejado en las facturas y vamos a tener un golpe tremendo al bolsillo de todos los fueguinos en una situación que hoy es crítica”, afirmó.
Lapadula profundizó además sobre la magnitud del efecto económico, señalando que no se trata únicamente de un aumento en el costo del gas, sino de un impacto generalizado en la estructura de gastos de la provincia.
El legislador remarcó que las consecuencias de los cambios en el esquema de subsidios no se limitan al consumo domiciliario, sino que también alcanzan al entramado productivo y energético de la provincia.
“No hablo solo de las familias, también del sector productivo, los comercios, la industria y la generación de energía eléctrica”, sostuvo, al explicar que en Tierra del Fuego gran parte del sistema energético depende del gas natural para la generación eléctrica y el funcionamiento de actividades económicas esenciales.
En esa línea, advirtió que cualquier incremento en el costo del gas impacta de manera directa en los costos de producción, lo que puede trasladarse a precios, competitividad y empleo.
Asimismo, subrayó que el efecto es especialmente sensible en regiones australes donde las condiciones climáticas hacen del consumo energético una necesidad estructural y no un gasto opcional.
Lapadula insistió en que la falta de funcionamiento del Parlamento Patagónico limita la posibilidad de construir respuestas comunes frente a problemáticas compartidas entre las provincias del sur.
“La zona fría atraviesa toda la Patagonia”, remarcó, al señalar que las decisiones sobre subsidios energéticos no pueden analizarse de manera aislada provincia por provincia, sino como parte de una problemática regional integral.
En ese sentido, planteó que la ausencia de un ámbito institucional activo reduce la capacidad de negociación política de la región en su conjunto, especialmente frente a definiciones del Gobierno nacional.
También destacó la importancia de la articulación entre ciudades y provincias patagónicas, al considerar que existen realidades comunes en materia de infraestructura, servicios, costos de vida y desarrollo económico.
Finalmente, el legislador volvió a insistir en la necesidad de reactivar el Parlamento Patagónico como espacio de coordinación política, debate y construcción de consensos regionales.
En su visión, la reactivación del organismo permitiría recuperar una voz institucional unificada de la Patagonia frente a temas estratégicos como energía, subsidios, inversión pública y desarrollo productivo.
Mientras tanto, el reclamo por su funcionamiento vuelve a instalarse en la agenda política regional, en un contexto donde distintos actores advierten sobre la necesidad de mayor articulación entre las provincias del sur argentino para enfrentar decisiones que impactan directamente en la economía y la vida cotidiana de sus habitantes.