Debate político por el acceso a la tierra en Río Grande

En una extensa entrevista con FM del Pueblo, el edil radical sostuvo que la norma impulsada por el oficialismo fue aprobada por mayoría ajustada (5 a 4) y consideró que se trata de una iniciativa que “puede excluir a sectores importantes de la población” que esperan una solución habitacional desde hace años en la ciudad.

“No es una norma inclusiva, sino segmentada”

Uno de los principales ejes de crítica de Ibarz fue la forma en que la ordenanza define los criterios de selección de los beneficiarios de lotes, incorporando —según interpretó— parámetros socioeconómicos que podrían condicionar el acceso a la tierra.

“El proyecto segmenta la demanda habitacional en función de la capacidad contributiva, la situación socioeconómica y la capacidad de construir de los postulantes”, explicó, y advirtió que esto implica una clasificación de los vecinos según sus ingresos.

En ese sentido, remarcó: “Básicamente va a haber una segmentación entre clase media, clase media baja, pobres y muy pobres, y a partir de ahí se define quién puede acceder”.

Para el concejal radical, este esquema genera un riesgo de exclusión: “La pregunta central es a quién está dirigida esta política habitacional, porque si el criterio es la capacidad de pago, muchos inscriptos en el registro de tierras van a quedar afuera”.

Pagos anticipados y acceso limitado

Otro de los puntos que generó rechazo en el bloque de la UCR es la modalidad de adjudicación y pago prevista en la ordenanza, que contempla la posibilidad de acceder a los terrenos mediante pago al contado o planes de pago durante la ejecución de obras de urbanización.

Ybars cuestionó especialmente que el sistema privilegie a quienes puedan afrontar pagos anticipados, lo que —a su entender— deja en desventaja a quienes llevan años inscriptos en el sistema de tierras fiscales.

“Los que no tienen capacidad de pago inmediata van a quedar relegados. Siempre se corre la misma zanahoria”, expresó.

También advirtió sobre los plazos establecidos para la construcción de viviendas una vez adjudicado el lote: “Se establece un plazo de 18 meses para iniciar la construcción, lo cual vuelve aún más exigente el acceso para familias que no tienen respaldo económico suficiente”.

Debate sobre el valor de los lotes

El edil también cuestionó el mecanismo de cálculo del valor del metro cuadrado de los terrenos, al señalar que la ordenanza introduce criterios que —según dijo— no estaban contemplados en la normativa vigente.

“Se modifica el cálculo del valor del suelo incorporando variables como metros lineales en esquinas, lo que impacta directamente en el precio final del lote”, explicó, y agregó que no hubo claridad técnica suficiente durante el debate legislativo.“Ni siquiera quienes impulsaron el proyecto pudieron explicarlo con precisión”, aseguró.

Delegación de facultades y control institucional

Otro de los puntos de conflicto planteados por Ibarz fue el alcance de las facultades que la ordenanza otorga al Departamento Ejecutivo Municipal, especialmente en lo referido a la ejecución de obras, contrataciones y posibles compensaciones con tierras municipales.

Según el concejal, la norma habilita mecanismos amplios de administración que deberían haber tenido mayor control del Concejo Deliberante.

“Se delegan funciones de ejecución, contratación y hasta posibles cancelaciones de obligaciones con tierras del municipio. Nosotros pedíamos más control institucional y participación del Concejo en cada etapa”, sostuvo.

En esa línea, remarcó que el objetivo de la oposición no era frenar el proyecto sino garantizar transparencia: “No se trata de entorpecer, sino de asegurar que cada decisión tenga control político y administrativo”.

Rezonificación y dudas sobre el alcance real

Ibarz también señaló que la ordenanza incluye autorizaciones para procesos de rezonificación sin precisiones suficientes sobre su alcance.

“Se habilitan rezonificaciones sin especificar dónde ni bajo qué criterios, y eso genera incertidumbre sobre el impacto real del proyecto”, advirtió.

Asimismo, planteó dudas sobre el número de lotes efectivamente disponibles y el destino final de las tierras: “No sabemos cuántas soluciones habitacionales reales se van a generar ni cuántas podrían terminar siendo utilizadas para otros fines”.

Posible uso de tierras como forma de pago

Uno de los aspectos más polémicos señalados por el edil radical fue la posibilidad de que terrenos urbanizados puedan ser utilizados como forma de pago a contratistas o proveedores del municipio.

“Se abre la puerta a que tierras del municipio se entreguen como parte de pago de obras o servicios. Eso debería estar mucho más regulado”, cuestionó.

En ese sentido, planteó un ejemplo hipotético para graficar su preocupación: “Podría pasar que se entreguen lotes como pago de movimiento de suelo o apertura de calles, y eso no está claramente delimitado”.

Reclamo por falta de consensos

Más allá de las críticas técnicas, Ibarz insistió en que el proyecto podría haber tenido un tratamiento más amplio si se hubieran incorporado aportes de la oposición durante el debate.

Afirmó que desde su bloque se realizaron propuestas concretas para mejorar la redacción y los mecanismos de aplicación, pero que no fueron tenidas en cuenta.

“Siempre estuvimos dispuestos a trabajar el proyecto. Lo que faltó fue voluntad de consenso”, sostuvo.

En ese marco, consideró que la aprobación sin modificaciones sustanciales debilita la norma: “Una ordenanza de este tipo debería construirse con mayor acuerdo político, especialmente en un contexto de crisis habitacional”.

Un debate que sigue abierto

La aprobación de la urbanización de Chacra 12 dejó un escenario de debate político abierto en Río Grande, con posiciones enfrentadas entre oficialismo y oposición sobre el modelo de acceso a la tierra.

Mientras el oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para acelerar soluciones habitacionales y ordenar el crecimiento urbano, desde la oposición advierten que el esquema podría profundizar desigualdades y limitar el acceso de los sectores más vulnerables.

En ese marco, Ybars adelantó que una vez promulgada la ordenanza impulsará modificaciones para intentar corregir los puntos que considera más problemáticos, manteniendo abierto el debate legislativo sobre una de las políticas habitacionales más relevantes del municipio en los últimos años.