La resolución fue adoptada por el Juzgado de Instrucción N° 3, que dio por concluida la etapa de investigación y remitió el expediente al Tribunal de Juicio. Ahora será ese cuerpo el encargado de fijar la fecha del proceso oral en el que se intentará esclarecer definitivamente lo ocurrido durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025.
Según la reconstrucción realizada por los investigadores, las horas previas al crimen estuvieron marcadas por el consumo de alcohol y drogas. Tanto Moreyra como Scariot habían compartido gran parte de la noche en un local de pool del centro de la ciudad, donde ya se había producido una discusión menor entre ambos.
Más tarde se trasladaron a la vivienda de la víctima, ubicada sobre calle Yaktermi al 400, donde residían junto a otras personas. Allí se originó una nueva discusión entre Moreyra y otro ocupante de la casa, Carlos Mansilla Retamal. La situación fue escalando hasta que Scariot intervino en el conflicto, desencadenándose una pelea física con el acusado.
La investigación sostiene que en medio del enfrentamiento Moreyra tomó un cuchillo y atacó a Scariot de manera reiterada. La autopsia y los informes periciales determinaron que la víctima recibió 34 heridas punzocortantes distribuidas en distintas partes del cuerpo. Entre ellas, una lesión en la cabeza que provocó graves daños cerebrales.
Tras el ataque, Scariot fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Río Grande, donde permaneció internado en terapia intensiva luchando por su vida. Sin embargo, la gravedad de las heridas terminó provocando su fallecimiento días después.
La cantidad de lesiones, la violencia desplegada durante el ataque y las circunstancias en las que se produjo fueron elementos centrales para que la Justicia sostuviera la acusación por homicidio agravado por ensañamiento. Esta figura contempla un agravante cuando se considera que el autor incrementó deliberadamente el sufrimiento de la víctima.
Con la elevación a juicio ya confirmada, el Tribunal deberá organizar el debate oral antes de noviembre de este año, fecha en la que se cumplirá un año de la detención preventiva del acusado. Durante el juicio declararán testigos, peritos y especialistas que participaron de la investigación, mientras que la fiscalía buscará demostrar la responsabilidad penal de Moreyra en uno de los hechos de sangre más impactantes ocurridos en Río Grande durante los últimos años.