Allanaron la Unidad de Detención de Río Grande por presuntas torturas y abusos a internos

La causa es llevada adelante por el Juzgado de Instrucción N° 3 y la Fiscalía Mayor, que ordenaron una serie de allanamientos simultáneos tanto en el establecimiento carcelario como en domicilios particulares de efectivos penitenciarios. La investigación apunta a determinar la responsabilidad de diez reclusos y siete agentes del Servicio Penitenciario, entre ellos autoridades de la propia unidad.

Según trascendió, los hechos investigados ocurrieron entre el 9 y el 12 de mayo en el Pabellón B del penal. Tres internos que habían ingresado recientemente fueron alojados en ese sector pese a las advertencias realizadas por sus familiares respecto de posibles riesgos para su integridad física. Poco después de su ingreso, habrían sido sometidos a una brutal golpiza por parte de otros detenidos.

Las sospechas judiciales van más allá de una agresión física. La investigación también intenta establecer si las víctimas fueron sometidas a abusos sexuales y otros vejámenes. Aunque los damnificados no realizaron denuncias formales por temor a represalias dentro del establecimiento, la Justicia decidió actuar de oficio ante la gravedad de los indicios detectados.

Uno de los elementos clave de la causa es una grabación obtenida a través de una cámara de seguridad interna. Las imágenes habrían registrado parte de la secuencia del ataque y permitieron reconstruir lo ocurrido. De acuerdo con los investigadores, los agresores intentaron ocultar sus movimientos cubriendo algunos dispositivos de vigilancia, aunque una de las cámaras continuó registrando la situación.

Inicialmente, desde el Servicio Penitenciario se informó que no era posible identificar a los responsables de la agresión. Sin embargo, una pericia realizada por personal de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial determinó que el episodio se extendió durante más de una hora y que podía observarse desde el centro de monitoreo de la unidad sin que existiera intervención alguna para detenerlo.

El informe policial también permitió individualizar a los diez internos que habrían participado del ataque, contradiciendo la versión inicial brindada por las autoridades penitenciarias. Esta situación fortaleció las sospechas sobre una posible complicidad o encubrimiento por parte de personal del establecimiento.

Durante los allanamientos realizados en el penal se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, se encontraron manchas de sangre en la celda donde se habría producido la agresión. Asimismo, los investigadores incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos pertenecientes a siete agentes penitenciarios que integraban la guardia de turno durante los hechos.

La hipótesis que analiza la Justicia es particularmente grave: una posible asociación ilícita conformada por internos y agentes penitenciarios que habría permitido generar una "zona liberada" dentro del establecimiento para la comisión de delitos contra otros detenidos.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de pruebas, el caso genera una profunda preocupación por las condiciones de seguridad y control dentro de la Unidad de Detención de Río Grande. La investigación continúa bajo estricto hermetismo y no se descartan nuevas imputaciones a medida que se analice el material secuestrado durante los procedimientos.