José Piñeiro: “La seguridad de los detenidos es responsabilidad del Estado”

En el contexto de la investigación judicial que busca esclarecer graves hechos de violencia denunciados dentro de la Unidad de Detención N°1 de Río Grande, el integrante de la Multisectorial de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura, José Piñeiro, dialogó con FM del Pueblo y brindó precisiones sobre la intervención del organismo, además de remarcar la complejidad del caso y la necesidad de avanzar en el esclarecimiento judicial.

Desde el inicio de la entrevista, Piñeiro buscó desmentir versiones que cuestionaban la actuación del Comité y aseguró que la intervención fue inmediata una vez que se tomó conocimiento de la situación.

“Es falso que no hayamos intervenido. El Comité actuó desde el primer momento y presentó un pedido de informes que todavía estamos esperando que sea respondido”, sostuvo.

El caso que investiga la Justicia provincial se centra en lo ocurrido con tres internos que habrían sido víctimas de agresiones de extrema violencia dentro del pabellón B del establecimiento penitenciario. La causa avanza sobre distintas líneas investigativas, entre ellas una hipótesis especialmente sensible que incluye la posible existencia de algún grado de connivencia entre internos y agentes del Servicio Penitenciario, lo que podría agravar aún más la situación institucional.

En ese sentido, el referente de derechos humanos explicó que el rol del Comité no es sustituir la labor judicial ni intervenir en la investigación penal, sino actuar desde la prevención y el monitoreo permanente de las condiciones de detención.

“Nuestra obligación es resguardar la información y proteger a las personas involucradas. No estamos para salir a difundir denuncias, sino para intervenir institucionalmente y prevenir vulneraciones de derechos”, aclaró.

Piñeiro también detalló que el organismo tomó contacto con una de las personas presuntamente afectadas poco después de que el hecho trascendiera públicamente. Según explicó, se realizaron entrevistas y se tomó testimonio en el marco de las competencias del Comité, con el objetivo de evaluar riesgos y acompañar la situación.

“Nos entrevistamos con una de las personas afectadas, se le tomó testimonio y seguimos preocupados por su integridad porque estas personas continúan dentro del sistema penitenciario”, señaló.

A lo largo del diálogo con FM del Pueblo, el integrante del Comité contra la Tortura subrayó la gravedad de lo que se encuentra bajo análisis judicial y advirtió que las hipótesis que se manejan requieren un abordaje profundo y transparente por parte de la Justicia.

“Lo que se está investigando es gravísimo. Se habla de una posible zona liberada o de algún nivel de complicidad para que estos hechos pudieran ocurrir. Son cuestiones muy serias que deben ser esclarecidas”, afirmó.

Asimismo, insistió en la importancia de reforzar los mecanismos de control dentro de los establecimientos penitenciarios, especialmente en lo referido a sistemas de videovigilancia, cobertura de cámaras y sectores donde podrían existir zonas sin monitoreo efectivo.

“La seguridad de las personas privadas de libertad es responsabilidad del Estado. No puede haber lugares donde ocurran hechos de violencia sin control ni supervisión”, remarcó.

Piñeiro también amplió su análisis hacia problemáticas estructurales del sistema penitenciario fueguino, señalando que no se trata de hechos aislados sino de situaciones que vienen siendo advertidas desde hace tiempo por organismos de derechos humanos.

En ese marco, mencionó dificultades vinculadas al hacinamiento, las condiciones de alojamiento, la alimentación y el acceso a la salud dentro de las unidades de detención de la provincia.

“Tenemos poco más de 300 personas privadas de libertad y, sin embargo, se repiten problemas vinculados al hacinamiento, la alimentación y el acceso a la salud. Son situaciones que venimos señalando desde hace años”, expresó.

El referente remarcó además que la confidencialidad y el resguardo de la información forman parte de los protocolos del Comité contra la Tortura, especialmente en casos donde se encuentran involucradas personas privadas de libertad y posibles situaciones de violencia institucional.

En ese sentido, explicó que la intervención institucional requiere prudencia para evitar la exposición innecesaria de las víctimas y garantizar la correcta actuación de los organismos competentes.

Finalmente, Piñeiro ratificó que el Comité continuará realizando el seguimiento del caso y acompañando el proceso en el marco de sus atribuciones legales, mientras la investigación judicial avanza en la recolección de pruebas y testimonios.

“Vamos a seguir ocupándonos de esta situación desde el rol que nos corresponde, para prevenir cualquier situación de violencia institucional o vulneración de derechos”, concluyó.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descarta que en los próximos días se incorporen nuevos elementos probatorios que podrían ser determinantes para el avance del expediente judicial, considerado uno de los más sensibles de los últimos años dentro del sistema penitenciario de Tierra del Fuego.