Apartan a siete penitenciarios y desplazan al director de la Unidad 1 por la causa de los vejámenes

La investigación judicial por las violentas agresiones sufridas por tres internos en la Unidad de Detención N° 1 de Río Grande continúa avanzando y ya provocó importantes cambios dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Siete agentes fueron apartados preventivamente de sus funciones y el director del establecimiento, Raúl Ciares, fue desplazado de su cargo mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.

La medida fue adoptada en el marco de la causa que investiga posibles vejámenes contra tres detenidos y una eventual connivencia entre personal penitenciario y los internos que protagonizaron los ataques. Tanto los agentes como el exdirector fueron notificados de derechos y garantías, aunque hasta el momento no se informó sobre imputaciones formales.

En paralelo, el Gobierno provincial dispuso una renovación de autoridades dentro de la institución penitenciaria. El prefecto Walter Oscar Silva asumió como Director de Seguridad Zona Norte, mientras que el alcaide Jhonatan Almazán quedó al frente de la Unidad de Detención N° 1.

La hipótesis de una posible complicidad

La causa tiene origen en una brutal agresión ocurrida el pasado 9 de mayo dentro del pabellón B del penal, donde tres internos fueron golpeados por otros reclusos durante un prolongado período de tiempo.

Uno de los aspectos que busca determinar la Justicia es si existió algún grado de participación, omisión o complicidad por parte de integrantes del Servicio Penitenciario. Para ello, se avanza con diversas medidas probatorias ordenadas por la jueza Cecilia Cataldo y el Ministerio Público Fiscal.

Entre las diligencias más importantes se encuentra el análisis pericial de los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación. Los peritos examinan tanto dispositivos pertenecientes a agentes penitenciarios como los dos teléfonos hallados dentro del pabellón donde ocurrieron los hechos.

Los investigadores intentan establecer si existieron comunicaciones previas o posteriores a la agresión que permitan confirmar o descartar la hipótesis de vínculos irregulares entre funcionarios penitenciarios y algunos internos.

Levantamiento del secreto bancario

Otra de las medidas dispuestas por la Justicia fue el levantamiento del secreto bancario de los funcionarios involucrados en la causa. El objetivo es analizar movimientos financieros y detectar posibles transferencias, pagos o beneficios económicos que pudieran estar relacionados con los hechos investigados.

La pesquisa también procura esclarecer por qué la agresión habría podido desarrollarse durante más de dos horas sin una intervención efectiva por parte del personal penitenciario. Además, se analizan denuncias previas vinculadas al uso de teléfonos celulares y al consumo de estupefacientes dentro del establecimiento carcelario.

Reunión con autoridades provinciales

En el marco de la investigación, la jueza Cecilia Cataldo mantuvo una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo provincial. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Jorge Canals, y el secretario de Relaciones con las Fuerzas de Seguridad, Gonzalo Valenzuela.

Durante la reunión se brindó información sobre las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las víctimas y se compartieron detalles de las actuaciones que se vienen desarrollando desde el inicio de la investigación.

Las víctimas declararán en los próximos días

Los tres internos que fueron agredidos permanecen actualmente alojados en la ciudad de Ushuaia, donde permanecen bajo resguardo. Está previsto que en los próximos días presten declaración testimonial ante la Justicia.

Asimismo, continúa vigente una prohibición de acercamiento que alcanza tanto a los agentes penitenciarios investigados como a los internos imputados por la golpiza.

Como parte de la evidencia incorporada a la causa, las autoridades provinciales tuvieron acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del pabellón B. En las imágenes quedaron registradas tanto las agresiones sufridas por los detenidos como la actuación del personal penitenciario durante el episodio, material que será clave para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer uno de los casos más graves registrados en los últimos años dentro del sistema penitenciario fueguino.