Ernesto Alonso: "La Patagonia está en la mira de los grandes intereses extranjeros"

El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, Ernesto Alonso, lanzó una fuerte advertencia sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que busca derogar la actual Ley de Tierras, una norma sancionada para limitar la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras en sectores considerados estratégicos para el país.

Durante una extensa entrevista radial, Alonso aseguró que existe una creciente preocupación entre organizaciones sociales, excombatientes de Malvinas, especialistas en temas territoriales y referentes de distintas provincias por el avance de una iniciativa que, según sostuvo, podría abrir las puertas a una nueva etapa de extranjerización de recursos estratégicos argentinos.

Ante este escenario, confirmó la conformación de una Coalición Federal en Defensa de la Tierra, integrada por organizaciones de distintos puntos del país que buscan visibilizar el debate y generar conciencia sobre las consecuencias que podría tener la derogación de la normativa vigente.

“Estamos ante un tema que excede cualquier discusión partidaria. Lo que está en juego es la soberanía territorial, el control de nuestros recursos naturales y el futuro de las próximas generaciones”, afirmó.

Alonso recordó que la Ley de Tierras fue creada para proteger áreas sensibles del territorio nacional, estableciendo límites a la compra de tierras por parte de extranjeros en zonas de frontera, regiones con recursos estratégicos, reservas naturales, cuencas hídricas y otros sectores considerados fundamentales para el desarrollo nacional.

En ese sentido, recordó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei incluyó disposiciones que afectaban la vigencia de la normativa, aunque parte de esas medidas fueron suspendidas por la Justicia mediante una cautelar.

“Gracias a la intervención judicial, la Ley de Tierras sigue vigente. Sin embargo, ahora el Gobierno intenta avanzar por otra vía mediante un proyecto que ingresó al Senado y que, bajo el argumento de garantizar la propiedad privada, esconde la derogación de las restricciones existentes”, señaló.

Según explicó, actualmente alrededor del 15 por ciento de la superficie nacional se encuentra en manos extranjeras. Para Alonso, la eventual eliminación de los límites abriría un escenario completamente distinto, donde no existirían topes ni mecanismos efectivos de control sobre futuras adquisiciones.

“No solamente se eliminarían las restricciones. También se perdería la capacidad del Estado de saber quién compra, cuánto compra y con qué objetivo lo hace. Eso representa un riesgo enorme para cualquier país que pretenda ejercer soberanía sobre su territorio”, sostuvo.

Uno de los principales focos de preocupación señalados por el dirigente es la Patagonia argentina, una región que concentra enormes reservas de agua dulce, recursos energéticos, minerales estratégicos y una ubicación geopolítica privilegiada.

“La Patagonia es una de las zonas más codiciadas del planeta por la riqueza de sus recursos. Estamos hablando de territorios que poseen agua, energía, biodiversidad y enormes extensiones aún poco pobladas. Son recursos que en muchas partes del mundo escasean y que aquí abundan”, indicó.

En ese contexto, Alonso cuestionó el avance de grandes grupos económicos extranjeros sobre distintas regiones del país y volvió a mencionar casos emblemáticos como el del magnate británico Joe Lewis, propietario de extensas superficies en la Patagonia y protagonista de reiteradas controversias vinculadas al acceso público al Lago Escondido.

“Lo que ocurrió con Lago Escondido es un ejemplo de cómo algunos sectores económicos terminan teniendo más poder que los propios Estados provinciales. Son situaciones que deberían llamar la atención de toda la sociedad”, manifestó.

El referente del CECIM también vinculó la discusión sobre la tierra con la política exterior impulsada por el Gobierno nacional. En ese sentido, expresó fuertes críticas al alineamiento internacional de la administración de Javier Milei y sostuvo que determinadas decisiones estratégicas podrían afectar los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

Alonso mencionó particularmente la situación de las Islas Malvinas y la presencia de empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales en áreas cercanas al archipiélago bajo control británico.

“Nos preocupa que mientras seguimos reclamando soberanía sobre Malvinas, se faciliten condiciones para que intereses extranjeros avancen sobre sectores estratégicos de nuestro propio territorio continental”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la relación del Gobierno nacional con Estados Unidos y el fortalecimiento de acuerdos en materia de defensa y seguridad.

“Argentina está siendo ubicada dentro de una lógica geopolítica que no necesariamente responde a los intereses nacionales. Hay una creciente injerencia de actores externos en cuestiones que deberían resolverse exclusivamente desde una perspectiva soberana”, señaló.

Durante la entrevista, Alonso dedicó un apartado especial a Tierra del Fuego, provincia que definió como una de las regiones más importantes para la estrategia nacional debido a su ubicación geográfica, su cercanía con la Antártida y su proyección sobre el Atlántico Sur.

A su entender, las medidas económicas impulsadas por el Gobierno nacional generan incertidumbre sobre el futuro de la industria fueguina y afectan la consolidación poblacional necesaria para sostener la presencia argentina en una zona considerada clave desde el punto de vista geopolítico.

“La soberanía no se ejerce solamente con discursos. También se construye con población, producción, empleo y desarrollo. Tierra del Fuego necesita políticas que fortalezcan su crecimiento y no medidas que generen vaciamiento o pérdida de capacidades productivas”, expresó.

Por otra parte, reclamó que los senadores nacionales, especialmente aquellos que representan a las provincias patagónicas, definan públicamente cuál será su posición cuando el proyecto llegue al recinto.

“Los representantes de cada provincia deberán explicar claramente si van a defender la soberanía nacional y los recursos estratégicos de sus territorios o si van a acompañar una iniciativa que facilita el avance de intereses privados sobre bienes fundamentales para el país”, afirmó.

Finalmente, Alonso convocó a organizaciones sindicales, centros de excombatientes, instituciones académicas, movimientos sociales y ciudadanos de todo el país a sumarse a la campaña nacional impulsada por la Coalición Federal en Defensa de la Tierra.

“Argentina tiene recursos que el mundo necesita. Tenemos agua, minerales, energía, alimentos y enormes extensiones productivas. Lo que está en discusión es quién controlará esos recursos en el futuro. Por eso es necesario involucrarse, debatir y defender una política que preserve la soberanía sobre nuestro territorio”, concluyó.

Desde el CECIM La Plata sostienen que la discusión recién comienza, pero advierten que el debate sobre la propiedad de la tierra podría convertirse en uno de los temas más sensibles de la agenda política nacional durante los próximos meses.